A menos de una semana de que México celebre las primeras elecciones judiciales de su historia, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha iniciado investigaciones sobre presuntas intervenciones indebidas de partidos políticos en el proceso, incluido el oficialista Morena.
Claudia Zavala, consejera electoral del INE, confirmó que se han recibido al menos dos denuncias formales por posibles violaciones a las reglas que rigen estos comicios, en los que el próximo 1 de junio se elegirán más de 840 cargos, entre ellos jueces, magistrados y, por primera vez, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“El INE está analizando dos casos concretos donde se presume que actores políticos están interfiriendo en un proceso que, por ley, debe mantenerse ajeno a partidos y estructuras gubernamentales”, declaró Zavala en entrevista.
Nuevo León, bajo la lupa
Una de las denuncias más relevantes involucra al gobierno estatal de Nuevo León y al partido Movimiento Ciudadano (MC). De acuerdo con la acusación, funcionarios públicos habrían sido instruidos para movilizar votantes, además de distribuir panfletos con los nombres de candidatos judiciales, lo cual contraviene directamente las disposiciones electorales vigentes.
Las normas establecen que los aspirantes a cargos judiciales no pueden participar en actos organizados por partidos, recibir apoyo financiero ni ser promocionados por organizaciones políticas. El objetivo es preservar la independencia y neutralidad del poder judicial frente a intereses partidistas.
Morena también en la mira
Aunque Zavala no detalló la segunda denuncia, fuentes cercanas al órgano electoral señalan que Morena también habría incurrido en prácticas similares en otras entidades del país. La consejera subrayó que cualquier intento de “politizar el proceso judicial mediante el respaldo abierto a candidatos” será investigado y, de confirmarse, sancionado conforme a la ley.
Un proceso histórico, bajo tensión
Estas elecciones representan un parteaguas en la vida democrática mexicana, al transferir al electorado el poder de designar a quienes impartirán justicia en el país. Sin embargo, la novedad del mecanismo ha generado incertidumbre y tensiones, especialmente por la falta de familiaridad del electorado con los perfiles de los más de 5 mil aspirantes.
Organizaciones civiles y académicos han alertado sobre el riesgo de que el proceso se contamine por intereses partidistas, lo que podría comprometer la imparcialidad del poder judicial.
El INE ha llamado a los partidos y gobiernos a abstenerse de influir en el voto, y ha reiterado su compromiso con un proceso limpio, transparente y conforme al marco constitucional.