La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, es objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero debido a la presunta falta de comprobación de 898 millones de pesos provenientes de recursos federales ejercidos durante 2023. La denuncia fue presentada tras una auditoría realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Según el informe del órgano fiscalizador estatal, el gobierno municipal no ha entregado la documentación necesaria para comprobar el destino de dichos fondos, lo que podría constituir un presunto daño al erario público. La mayor parte de las observaciones se relacionan con obras públicas y el manejo de recursos del ramo 33, destinados a infraestructura social básica.
En respuesta, López Rodríguez ha denunciado una persecución política. Acusó a la ASE de extralimitarse en sus funciones y afirmó que la única entidad facultada para auditar recursos federales es la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Esto parece una santa inquisición. La ASE no tiene competencia para auditar los fondos federales; ya rendí cuentas ante la ASF”, declaró la alcaldesa.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso y reiteró que si existen observaciones por parte de los órganos de fiscalización, deben atenderse conforme a la ley. “La transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales en este gobierno. Si hay irregularidades, deben aclararse dentro del marco legal correspondiente”, sostuvo.
El caso se suma a un historial de observaciones sobre el uso de fondos públicos en Acapulco. Hasta diciembre de 2024, el municipio acumulaba 24 expedientes abiertos por más de 560 millones de pesos sin comprobar, correspondientes a los ejercicios 2020 a 2022. Al menos 11 de estos casos están ligados a obras públicas sin documentación comprobatoria.
La investigación contra López Rodríguez podría tener implicaciones políticas y legales significativas para la administración municipal en un contexto de creciente escrutinio a los gobiernos locales por el uso de recursos federales.