Un juez ordenó la aprehensión del ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero Durán, así como de nueve personas más, quienes presuntamente son responsables de un desvío de más de 3 mil millones de pesos, asunto que guarda relación con Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont.
Funcionarios del gobierno federal comentaron que la orden de captura fue girada por Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputa son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los mismos por los cual se busca detener al citado matrimonio, éste último al que también se busca por peculado.
Indicaron que los ex servidores públicos supuestamente implicados son Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS, y Jesús Gabriel Pérez, ex director general de Desarrollo Tecnológico.
Asimismo, Emmanuel Castillo Ruiz, ex responsable de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS; Héctor Oswaldo Zorrilla y Yareli Eunice Delgado.
Señalaron que también se ordenó la aprehensión de Paulo Uribe Arriaga, ex director General de Administración, así como de José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras.
Eduardo Guerrero Durán, es el ex funcionario federal de mayor jerarquía que es buscado, y quien en su momento también fue el responsable de los centros penitenciarios del gobierno del estado de Chihuahua.
Según los funcionarios, la FGR presume que a través de empresas factureras bajo el control de Álvarez Puga se desviaron los 3 mil millones de pesos, tras la adquisición de diversos contratos para equipar los diversos penales federales