La extorsión se ha convertido en un problema de magnitud nacional que afecta a miles de empresarios en México, denunció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al presentar cifras preocupantes sobre este delito.
Según la organización, en lo que va del año se han registrado 8,585 víctimas de extorsión, lo que representa un incremento de 5.2% respecto al año anterior. De este total, 11.8% corresponde a los 43 municipios fronterizos, donde el delito aumentó 15.2%.
Durante su participación en el Encuentro Nacional de la Coparmex en Tijuana, su presidente, Juan José Sierra Álvarez, subrayó que la extorsión ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una estructura de control económico y político, capaz de decidir quién trabaja, quién invierte y quién opera en distintos territorios. “No podemos permitir que grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado”, advirtió.
La confederación enfatizó que la falta de denuncia genera una cifra negra importante, derivada de la desconfianza de los empresarios ante posibles represalias o colusiones. Además, señaló que la extorsión no solo pone en riesgo vidas, sino que también estrangula las economías locales.
Sierra Álvarez hizo un llamado firme y directo al gobierno federal, autoridades estatales y al Congreso a encabezar una estrategia nacional contra la extorsión, con recursos proporcionales a su impacto económico y social, y con visión de Estado más allá de ciclos políticos.
En respuesta a esta problemática, la Cámara de Diputados aprobó a finales de octubre la Ley contra la Extorsión, que establece penas de hasta 15 años de prisión y permite denuncias anónimas. La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se encuentra actualmente en revisión por el Senado.
La Coparmex insiste en que, sin una acción coordinada, la extorsión seguirá consolidándose como un mecanismo de control ilegal que afecta tanto a la inversión como al desarrollo económico del país.