La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha lanzado una severa advertencia a los países del continente: el modelo mexicano de elección por voto popular para jueces de la Suprema Corte y otros órganos judiciales no debe replicarse. En un informe divulgado este viernes, la Misión de Observación Electoral del organismo regional subrayó profundas deficiencias en el proceso, que ponen en entredicho la legitimidad y la independencia del Poder Judicial mexicano.
Según el reporte, las elecciones judiciales realizadas el pasado domingo reflejaron una participación ciudadana alarmantemente baja, con apenas un 13% del padrón acudiendo a las urnas. La cifra se sitúa como una de las más bajas registradas en procesos electorales de la región, lo cual, a juicio de la OEA, evidencia una desconexión entre el electorado y un mecanismo poco comprendido.
Falta de garantías y transparencia
El organismo destacó que los candidatos judiciales enfrentaron serias limitaciones para hacer campaña, con solo 60 días disponibles y sin acceso a financiamiento público o privado. Esto, según el informe, impidió a la ciudadanía conocer a fondo los perfiles de quienes aspiraban a los cargos, debilitando así la naturaleza democrática del proceso.
Además, observadores de la OEA documentaron la presencia de “acordeones”, es decir, listas con nombres sugeridos para votar, distribuidas dentro y fuera de las casillas. Estos materiales —prohibidos por la legislación electoral— podrían constituir una forma de coacción o propaganda encubierta.
Riesgos para la independencia judicial
El aspecto más crítico del informe apunta a la injerencia del Poder Ejecutivo en la selección de magistrados. Seis de los nueve nuevos integrantes de la Suprema Corte fueron postulados por un comité dependiente del Ejecutivo federal, mientras que las otras tres son juezas previamente designadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esto plantea dudas sobre la autonomía del Poder Judicial frente a los intereses del gobierno.
A ello se suma la falta de criterios uniformes para evaluar a los candidatos, lo que, según la OEA, impidió una valoración real de su preparación jurídica. El informe cuestiona la rapidez del proceso y la ausencia de filtros técnicos y académicos.
Un modelo con advertencia
Aunque la misión reconoció avances en materia de paridad de género y en medidas contra la violencia política, concluyó que el experimento mexicano requiere profundas reformas antes de considerarse un modelo viable. Por ahora, la OEA desaconseja su adopción por otros países de América Latina.
Esta es la primera vez que México implementa una elección popular directa para su máximo tribunal, una de las propuestas más emblemáticas del llamado “Plan C” impulsado por el oficialismo. Sin embargo, las señales de alerta de la OEA podrían enfriar el entusiasmo por este esquema en otros países que lo observaban con interés.