En el marco de la creciente violencia en Sinaloa, el general de división Jesús Leana Ojeda, comandante de la 3era región militar, realizó una polémica declaración que ha generado preocupación en la opinión pública. Según el alto mando militar, el retorno de la normalidad en el estado “depende de los grupos antagónicos” que operan en la región, y no exclusivamente de las fuerzas armadas.
Durante una conferencia de prensa ofrecida al término del desfile por el 214 aniversario de la Independencia, el general fue cuestionado sobre cuándo los ciudadanos podrían esperar una mejora en las condiciones de seguridad. Su respuesta fue tajante: “Queremos que sea lo más rápido posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos, que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que permitan a la población vivir en paz”.
La declaración provocó una inmediata reacción entre los presentes. Un periodista insistió en que aclarara si la seguridad pública estaba entonces en manos de los grupos delincuenciales. A esto, el general respondió: “Ellos son quienes deciden cuándo y cómo hacer las agresiones. Nosotros estamos aquí para evitar que las confrontaciones escalen y causen más víctimas. No fomentamos la violencia, sino que tratamos de contenerla”.
Estas palabras han desatado un intenso debate sobre la estrategia de seguridad en Sinaloa. Para muchos, las declaraciones del general evidencian una realidad en la que las autoridades parecen tener una limitada influencia sobre la violencia que azota la región, mientras que los cárteles y bandas criminales parecen mantener el control de facto.
La situación en el estado se ha deteriorado en las últimas semanas, con enfrentamientos entre grupos criminales y un aumento en los homicidios. Sin embargo, el general Leana Ojeda insiste en que las fuerzas armadas continúan trabajando para proteger a la población, aunque subrayó que mientras persista la lucha entre estos grupos, el panorama no cambiará rápidamente.
La afirmación de que la paz depende, en última instancia, de los grupos delictivos deja en el aire una cuestión inquietante: ¿cuál es el papel del Estado en la restauración del orden y la seguridad en regiones afectadas por la violencia criminal?