La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este miércoles a favor de la exclusividad estatal en la explotación del litio, al desestimar un amparo promovido por la empresa Grupo Bararal, que impugnaba la reforma a la Ley Minera aprobada en abril de 2022.
La reforma, impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, declara al litio y otros minerales estratégicos como recursos de utilidad pública, reservando su explotación exclusivamente al Estado y prohibiendo concesiones a particulares.
El proyecto, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, fue aprobado por unanimidad en la Segunda Sala de la SCJN. Los magistrados argumentaron que la reforma constitucional, que prohíbe concesiones para la explotación del litio, tiene supremacía sobre cualquier concesión previa.
Detalles del Caso
Grupo Bararal, titular de una concesión minera en Satevó, Chihuahua, válida hasta 2068, argumentó que la reforma afectaba sus derechos adquiridos. No obstante, la SCJN dictaminó que la modificación constitucional elimina la posibilidad de otorgar concesiones sobre el litio, confirmando que este mineral queda bajo control exclusivo del Estado mexicano.
La resolución se alinea con los objetivos del gobierno mexicano de fortalecer la soberanía energética y garantizar que la explotación de recursos estratégicos beneficie directamente al desarrollo del país.
Contexto Estratégico
El litio, clave para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, es considerado un recurso fundamental para el futuro energético global. La nacionalización de este mineral tiene como propósito evitar su explotación por intereses privados y asegurar su aprovechamiento en favor de la economía nacional.
La decisión de la SCJN también establece un precedente en la política minera de México, consolidando al Estado como único actor en la exploración y explotación del litio, en línea con recientes reformas legales y constitucionales.
Con este fallo, México reafirma su intención de proteger sus recursos estratégicos y mantener su control estatal, marcando un hito en la política energética del país.