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    Los pendientes de AMLO en materia energética

    Ciudad de México. El gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador deja varios pendientes en materia energética, especialmente en el marco de la transición hacia fuentes de energía más limpias y la necesidad urgente de modernizar y expandir la red eléctrica del país.

    Mientras la administración entrante de Claudia Sheinbaum se prepara para enfrentar estos desafíos, expertos coinciden en que será fundamental atraer inversiones privadas y establecer un esquema robusto de descarbonización que permita a México avanzar hacia una economía más sostenible.

    Uno de los principales retos que enfrenta el sector energético en México es la creciente demanda de electricidad, impulsada por la electrificación de las industrias, el crecimiento económico y la adopción de tecnologías como la electromovilidad.

    El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que, además de estos factores, la necesidad de integrar energías limpias en la matriz eléctrica del país requiere una inversión decidida en la ampliación y modernización de las redes de transmisión eléctrica, algo que no ha sido prioritario durante el sexenio de López Obrador.

    El análisis de las inversiones realizadas en la última década, entre 2013 y 2023, muestra una constante subinversión en infraestructura de transmisión, lo que ha limitado la capacidad del país para responder a las demandas crecientes del sector.

    De cara al futuro, el IMCO subraya que será crucial que el próximo gobierno utilice todos los mecanismos legales disponibles para financiar la expansión de las redes y garantizar que los recursos sean suficientes para ejecutar las obras necesarias.

    La transición energética de México no solo implica la ampliación de su red eléctrica, sino también la reducción de las emisiones de carbono.

    S&P Global ha señalado que la descarbonización es clave para el futuro de las empresas, tanto a nivel nacional como internacional, y que México tiene una ventaja geopolítica importante debido a sus lazos económicos con Estados Unidos. Las empresas estadounidenses, con tecnología avanzada en energías renovables, podrían convertirse en socios estratégicos para ayudar a México en este proceso, promoviendo inversiones en negocios bajos en emisiones.

    Otro pendiente importante de la administración de López Obrador es la creación de un marco legal sólido que permita la participación del sector privado en proyectos energéticos.

    La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) ha señalado que la transición hacia un nuevo gobierno abre oportunidades para fortalecer las alianzas público-privadas en el despliegue de infraestructura energética, un aspecto crucial para garantizar el desarrollo del sector.

    Durante el mandato de López Obrador, las políticas energéticas se enfocaron en fortalecer a las empresas estatales como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, lo que limitó la participación privada en sectores clave como la generación de energías limpias. Sin embargo, para que México pueda aprovechar su potencial energético en los próximos años, será fundamental facilitar la entrada de capital privado y fomentar una mayor colaboración con empresas especializadas en tecnologías renovables.

    Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, el sector energético enfrentará decisiones críticas.

    Aunque México tiene un potencial significativo para desarrollar energías limpias, la falta de inversiones en infraestructura y las políticas restrictivas hacia el sector privado han ralentizado el progreso. Para que el país avance en su transición energética, será necesario un compromiso decidido por parte del gobierno entrante para modernizar la red eléctrica, descarbonizar la economía y fomentar la colaboración entre el sector público y privado.

    La transición energética de México no solo es un reto económico, sino también un imperativo ambiental y social. La adopción de políticas públicas sostenibles, el fomento de inversiones en energías renovables y la implementación de un marco legal que facilite la participación privada serán esenciales para asegurar un futuro energético más limpio y eficiente para el país.

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