Tras el hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de El Verde el pasado 6 de febrero, un grupo de madres buscadoras de Durango se trasladó a la zona ayer lunes 9, bajo custodia de la Guardia Nacional, para dar seguimiento a los casos de desaparición de trabajadores mineros y exigir transparencia a las autoridades.
El hallazgo inicial está vinculado a la desaparición de 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, reportados como privados de la libertad desde el 23 de enero. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado la exhumación de al menos 10 cuerpos en la primera fosa, de los cuales cinco han sido identificados como los mineros José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, Jesús Antonio de la O Valdez y José Antonio Jiménez Nevarez.
El grupo de madres del colectivo Buscando Emilios A.C., integrado por 13 o 14 mujeres, viajó desde Durango con recursos propios y bajo el acompañamiento de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y de elementos de seguridad estatal, federal y de la Marina. Su objetivo fue supervisar las labores de búsqueda y exigir información oficial sobre el avance de las investigaciones.
Al llegar a la zona, las buscadoras colocaron lonas con fichas de búsqueda y fotografías de personas desaparecidas a aproximadamente 2-3 kilómetros del perímetro resguardado, ya que no se les permitió el ingreso directo. Denunciaron falta de información, hermetismo de las autoridades, revictimización y ausencia de empatía, mientras solicitaban la actualización de expedientes y acceso pleno al sitio.
Los colectivos locales de Sinaloa, como De Mi Alma Te Sigue Buscando, Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos y Sabuesos Guerras, se unieron a las exigencias de transparencia y coordinación entre los gobiernos de Durango y Sinaloa, así como la Comisión Nacional de Búsqueda.
Aunque hasta el momento no hay confirmación de que entre los restos se encuentren personas originarias de Durango, el desplazamiento del colectivo busca descartar o confirmar pistas sobre desaparecidos locales y mantener la presión para que las autoridades aceleren la investigación.
La zona permanece bajo un fuerte operativo de la Guardia Nacional, Marina y FGR, con peritos procesando exhumaciones y asegurando evidencia, incluidos cartuchos y posibles artefactos explosivos. Los colectivos advierten que cualquier retraso o falta de transparencia podría “maquillar” la realidad de un caso que ya es calificado como uno de los más sensibles de la región.