DURANGO, DGO.
La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) aportó los datos de prueba suficientes que permitieron a un Juez de Control y Enjuiciamiento vincular a proceso a Enrique “N”, de 65 años de edad, por la probable comisión del delito de homicidio y lesiones calificadas, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Antonio Hernández Quezada, de 33 años de edad, quien falleció a causa de una herida por arma de fuego penetrante de cráneo, así como de María Aurora Olguín Soto y Jesús Alfonso Hernández Quezada quienes resultaron lesionados.
El 9 de junio del 2018 aproximadamente a las 20:30 horas, Antonio se encontraba al exterior de su domicilio ubicado en el poblado Ignacio M. Altamirano del municipio de Canatlán, Dgo., en compañía de Jesús Alfonso y de otra persona del sexo masculino, lugar al que llegaron Enrique y su hermano Raúl, siendo este último el que, producto de una discusión, se lio a golpes con el ahora occiso.
Acto seguido, Enrique sacó un arma de fuego y, en apoyo de su hermano, disparó en contra de los ahí presentes, hiriendo a Jesús Alfonso y a María Aurora, quien ajena a la discusión salía de su domicilio.
Posteriormente, fueron trasladados para recibir atención médica al hospital Regional del municipio antes mencionado y debido a la gravedad de las lesiones a un nosocomio de esta ciudad, lugar en donde dos días después perdió la vida Antonio. María Aurora presentó una herida por arma de fuego en región en la ingle derecha, mientras que Jesús Alfonso una herida en tórax, así como en antebrazo derecho.
Mencionar que el Agente del Ministerio Público, Policías Investigadores y Peritos Criminalistas, analizaron las evidencias recabadas, y gracias a las entrevistas que se realizaron a los testigos, se logró establecer la responsabilidad de Enrique, por lo que se solicitó al Juez una orden de aprehensión por los delitos señalados, la cual se cumplimentó el 15 de enero del año en curso.
Asimismo, el día de ayer se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, en la que el Juez de Control impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplir al interior del Centro de Reinserción Social No. 1, fijándose un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.