La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) denunció que el Estado mexicano aún no ha respondido a las solicitudes de información de la ONU sobre los efectos de la reforma judicial y la elección de jueces por voto popular.
Según la directora nacional de Jufed, Juana Fuentes Velázquez, esta falta de respuesta impide evaluar el impacto de la reforma en la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en México.
La magistrada ha sostenido encuentros con representantes de la ONU, el Parlamento Europeo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para alertar sobre lo que calificó como una “demolición democrática en marcha”. Advirtió que la iniciativa, promovida sin diagnóstico ni consenso, busca anular la independencia judicial y dar paso a un sistema de justicia controlado políticamente.
Ante eurodiputados, Fuentes Velázquez alertó sobre el riesgo de que México transite de una democracia a un régimen autocrático, con consecuencias devastadoras para los derechos humanos y la estabilidad del país.
En estos encuentros, legisladores europeos manifestaron preocupación por el impacto de la reforma en la seguridad jurídica de los tratados comerciales entre México y la Unión Europea.
Además, Jufed advirtió que permitir el acceso a la judicatura sin criterios de preparación ni experiencia, bajo filtros estrictamente políticos, pone en peligro la imparcialidad de la justicia y vulnera los principios de tratados internacionales.
Como parte de los acuerdos alcanzados, se establecerá un canal de comunicación directo con organismos internacionales para monitorear la implementación de la reforma y denunciar posibles violaciones a convenciones y tratados.