El Gobierno de México ofrecerá asilo político al cofundador de Wikileaks Julian Assange, según ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes. “Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al Gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político”, ha informado durante la rueda de prensa matutina horas después de que la justicia británica rechazara la extradición del hacker a Estados Unidos, donde se enfrentaría a penas de hasta 175 años de cárcel.
López Obrador ha celebrado la decisión de la magistrada británica del Tribunal Penal Central de Londres Vanessa Baraitser, que este lunes ha concluido que el cofundador de Wikileaks no debe ser extraditado a Estados Unidos y que “el riesgo de que Assange se suicidara, si se permitiera la extradición, era elevado”. El presidente ha asegurado que su Administración se comprometerá a dar a Assange “protección” y asumirá la responsabilidad de que “no intervenga en asuntos políticos de ningún país”. “Creo que es un triunfo de la justicia. Celebro que Inglaterra actue de esa forma porque Assange es un periodista y merece una oportunidad. Estoy a favor de que se indulte”, ha señalado.
El presidente mexicano ya había dejado clara los días anteriores su posición: “Deseo que se le perdone y se le deje en libertad”. “No sé si él ha reconocido que actuó en contra de normas y de un sistema político, pero en su momento estos cables mostraron cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria”, añadió el viernes.
Según los cables filtrados por Wikileaks, el Gobierno de Estados Unidos estuvo investigando a López Obrador desde el año 2006. Una de las primeras informaciones está datada el 18 de julio de 2006, dos días después de que López Obrador convocara una protesta masiva en el Zócalo, tras perder las elecciones frente a Felipe Calderón, para denunciar un presunto fraude electoral y pedir un recuento de los votos.
Assange se encuentra preso en una cárcel de Londres y está acusado por la justicia norteamericana de 18 delitos de espionaje e intrusión informática. Washington lo acusa de varios delitos contra la Seguridad Nacional por la publicación de documentos confidenciales sobre la intervención militar de Estados Unidos y sus aliados en Irak y Afganistán. Las autoridades suecas habían exigido la entrega del prófugo, acusado de varios delitos de violación y abusos sexuales contra dos mujeres que colaboraron en un acto de Wikileaks en Estocolmo dos años antes. El hacker había obtenido la protección diplomática del Gobierno de Ecuador, presidido entonces por Rafael Correa, y se mantuvo encerrado durante siete años en las dependencias de la Embajada ecuatoriana en Londres.