Este viernes 17 de enero de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que reforma los artículos 4 y 5 de la Constitución, prohibiendo el uso, comercio y distribución de cigarrillos electrónicos, vapeadores y fentanilo ilícito. La medida entrará en vigor hoy, 18 de enero.
El nuevo decreto establece que se sancionará cualquier actividad relacionada con estos dispositivos y sustancias. En el artículo 4 se estipula:
“Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”.
Por su parte, el artículo 5 prohíbe las actividades relacionadas con estos productos, especificando que:
“Queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra actividad que refiera el párrafo quinto del artículo 4 anterior.”
Plazos y obligaciones legales
El decreto ordena que, en un plazo de 180 días, el Congreso de la Unión armonice las leyes secundarias con las disposiciones constitucionales. Asimismo, las legislaturas estatales tendrán 365 días para ajustar su normativa local. Durante este periodo, cualquier regulación que contravenga el decreto será derogada.
Contexto legislativo
La aprobación de esta reforma ocurrió el pasado 2 de diciembre de 2024, cuando la Cámara de Diputados votó mayoritariamente a favor con 410 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención.
El decreto tiene como objetivo reforzar la protección a la salud pública al combatir el comercio ilícito de dispositivos electrónicos y drogas sintéticas, especialmente el fentanilo, una sustancia relacionada con crisis de salud en diversas partes del mundo.
Impacto esperado
Esta reforma marca un cambio significativo en la regulación de productos de consumo y sustancias tóxicas, con el objetivo de frenar el daño a la salud pública y reducir el acceso a sustancias de alto riesgo. Sin embargo, el éxito de esta medida dependerá de la implementación y supervisión por parte de las autoridades.
El decreto ha generado diversas reacciones en la sociedad y entre sectores económicos afectados, quienes señalan la necesidad de una transición ordenada para cumplir con las nuevas disposiciones legales.