Ante la amenaza de un nuevo impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes desde Estados Unidos, el Congreso mexicano alzó la voz. Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, presentó una iniciativa para enviar un grupo plural de senadores a Washington D.C., con el objetivo de frenar la medida promovida por el legislador republicano Jason Smith.
La propuesta, que ha generado alarma entre sectores políticos y sociales de ambos países, busca ser enfrentada mediante diplomacia legislativa directa. “Este gravamen representa una doble tributación para los migrantes mexicanos, quienes ya cumplen con obligaciones fiscales en Estados Unidos. Además, constituye una violación a sus derechos humanos”, advirtió López Hernández ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, respaldó la iniciativa y confirmó que será discutida a fondo antes del 23 de mayo, fecha en la que el Congreso estadounidense podría votar la polémica propuesta incluida en el llamado “Único, Grande y Hermoso Proyecto de Ley”.
La Comisión Permanente aprobó por unanimidad un posicionamiento firme contra el impuesto y enviará su determinación, junto con los comunicados de las Cámaras de Diputados y de Senadores, al Congreso de Estados Unidos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se sumó al rechazo, calificando la iniciativa como “injusta y discriminatoria”. Sheinbaum recordó que los migrantes mexicanos ya contribuyen fiscalmente al sistema estadounidense, sin importar su estatus migratorio.
De acuerdo con cifras del Banco de México, las remesas representaron un ingreso récord de 64,745 millones de dólares en 2024, un aumento del 2.3% respecto al año anterior. Tan solo en el primer trimestre de 2025, los envíos de dinero alcanzaron los 14,269 millones de dólares.
El intento por gravar estos flujos financieros no solo ha despertado preocupación en México, sino también entre comunidades latinas en Estados Unidos. De aprobarse, el impuesto entraría en vigor a partir de 2026, afectando directamente a millones de familias mexicanas que dependen de este apoyo económico.