A partir de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación vivirá una transformación profunda que reconfigurará su estructura, operación y legitimidad. Como parte de la reforma judicial aprobada en 2024, el máximo tribunal del país reducirá de 11 a 9 el número de sus ministros, eliminará sus salas internas, y dará paso a una nueva etapa donde todos sus integrantes serán elegidos por voto ciudadano.
La reforma modifica de manera sustancial la forma en que opera el Poder Judicial. A partir del 1 de septiembre de este año, los nuevos ministros —electos en comicios organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 1 de junio— sustituirán a los actuales, con mandatos de 12 años y una presidencia rotativa de dos años, determinada por el número de votos obtenidos.
Otra de las medidas clave es la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, órgano que por décadas supervisó la administración y disciplina interna del Poder Judicial. En su lugar se han creado dos nuevas instituciones: el Órgano de Administración Judicial, que se encargará de la gestión operativa del sistema, y el Tribunal de Disciplina Judicial, responsable de evaluar la conducta de jueces y magistrados, ambos con integrantes electos por distintas vías, incluyendo el voto popular.
La reforma también establece que todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país serán elegidos mediante voto directo en elecciones escalonadas. El primer proceso se llevó a cabo este mes y el segundo se realizará en 2027. Quienes resulten electos ocuparán sus cargos por un periodo de nueve años, con posibilidad de reelección.
Los cambios han generado un intenso debate entre especialistas, juristas y organismos internacionales, que advierten sobre los riesgos de politizar el sistema judicial y vulnerar su independencia. Sin embargo, el gobierno federal ha defendido la medida como una vía para democratizar la justicia y acercar las instituciones a la ciudadanía.
Entre los nuevos ministros electos figuran nombres cercanos al actual oficialismo, como Lenia Batres, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, y Hugo Aguilar Ortiz, quien se perfila como el primer presidente rotativo de la nueva Corte.
El país se encuentra ante un rediseño histórico del Poder Judicial, que pone fin a décadas de un modelo tecnocrático y apuesta por una justicia más participativa. El impacto real de estas reformas, sin embargo, se medirá en los próximos años, conforme se consolide —o se cuestione— la nueva forma de impartir justicia en México.