Un migrante mexicano resultó con múltiples fracturas en el cráneo y severo daño cerebral mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en un caso que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de personal médico y organizaciones defensoras de derechos humanos en Minneapolis, Minnesota.
Alberto Castañeda Mondragón, de 31 años y originario de Veracruz, fue ingresado de emergencia al Centro Médico del Condado de Hennepin con al menos ocho fracturas en el cráneo, hemorragias en varias zonas del cerebro y un estado neurológico crítico. De acuerdo con testimonios del personal sanitario, las lesiones no coincidían con la versión inicial ofrecida por agentes federales, quienes afirmaron que el detenido se había golpeado intencionalmente contra una pared mientras intentaba escapar.
Médicos, enfermeras y especialistas forenses coincidieron en que dicha explicación era físicamente imposible, debido a la magnitud y distribución de las heridas. Estudios de tomografía y la experiencia clínica apuntaron a que el daño habría sido provocado por una agresión severa, incompatible con una caída accidental.
Antes de quedar sedado por la gravedad del trauma, el propio Castañeda Mondragón relató al personal de urgencias que fue arrastrado y golpeado durante su detención. A pesar de su estado de confusión, agentes migratorios intentaron mantenerlo encadenado a la cama del hospital, lo que generó enfrentamientos con médicos que advirtieron que su comportamiento era consecuencia directa de la lesión cerebral.
La situación provocó un ambiente de tensión dentro del hospital, donde trabajadores de la salud denunciaron sentirse intimidados por la presencia constante del ICE en áreas críticas. Ante ello, la dirección del centro médico emitió protocolos internos para recordar que los pacientes bajo custodia federal conservan sus derechos y que el acceso de autoridades requiere respaldo legal.
Registros judiciales señalan que el migrante no contaba con antecedentes penales y que había ingresado a Estados Unidos de manera legal en 2022. Sus abogados sostienen que fue víctima de una detención arbitraria y de uso excesivo de la fuerza, y que su estatus migratorio fue revisado únicamente después de su arresto.
Un juez federal ordenó su liberación al considerar que existían riesgos graves para su integridad física y que las autoridades no garantizaron el debido proceso. Aunque fue dado de alta poco después, el hombre enfrenta secuelas cognitivas severas, con pérdida significativa de memoria y un proceso de recuperación incierto.
Actualmente, compañeros de trabajo se encargan de su cuidado, mientras su familia en México expresa preocupación por su estado de salud y los costos médicos. El Departamento de Justicia confirmó que ya no se encuentra bajo custodia federal, pero ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han dado explicaciones públicas sobre el origen de las lesiones.