La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta un momento crítico con la renuncia de ocho ministros a participar en la elección de juzgadores programada para junio de 2025, entre ellos la presidenta de la Corte, Norma Piña. Este grupo de ministros, integrado también por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán, ha expresado su desacuerdo con la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual impone nuevas reglas en la elección de ministros.
Las ministras alineadas con la Cuarta Transformación (4T) —Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf— habían manifestado el mes pasado su intención de participar en dicha elección, en contraste con sus colegas renunciantes, quienes cuestionan la dirección que impone la reciente reforma. Publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, esta reforma establece que los ministros que finalicen su mandato sin postularse o ser electos en la elección extraordinaria de 2025 no recibirán su pensión por retiro, salvo si renuncian antes del cierre de la convocatoria.
La ministra Margarita Ríos Farjat, adelantándose a esta situación, declaró en septiembre su preferencia por renunciar a la pensión para evitar, en sus palabras, una situación “sin espacio para la dignidad”.
Pese a la conmoción generada, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, desmintió la supuesta “renuncia masiva” de ministros, que había cobrado fuerza en redes sociales. Fernández Noroña aclaró que los ministros continuarán en sus cargos hasta agosto de 2025 y, en el caso del ministro Luis María Aguilar Morales, hasta el 30 de noviembre de este año. Añadió que estos ministros no están renunciando a sus cargos, sino que han decidido no participar en el proceso electoral de 2025.
Aun así, la decisión de ocho ministros de no postularse en la elección marca una inédita división interna en la SCJN y deja en manos de las ministras asociadas a la 4T una participación clave en la elección de futuros juzgadores.