En una sesión marcada por reclamos, acusaciones y hasta empujones, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada un paquete de 18 reservas impulsado por Ricardo Monreal, coordinador de Morena, y respaldado por el PT y el PVEM, en el marco de la discusión en lo particular del dictamen de la Ley General de Aguas.
Monreal explicó que las reservas fueron resultado de reuniones con sectores del campo y aseguró que existe “mucha desinformación” en torno a la iniciativa. Enlistó varios de los argumentos expuestos por la oposición durante el día y los calificó como falsos o “mitos”.
Entre los ajustes aprobados se incluyen:
Derechos de sucesión del agua.
Regularización de pozos de libre alumbramiento.
Reconocimiento de sistemas comunitarios de administración del agua.
Ampliación de plazos para solicitar prórrogas de concesiones.
Sanciones más severas por desvío ilegal de agua y por sobornos vinculados a concesiones.
Lineamientos para evitar prácticas de acaparamiento.
Obligación de notificar técnicamente a usuarios antes de reducir volúmenes concesionados.
La discusión se tornó especialmente ríspida cuando legisladores del PAN se levantaron de sus curules y se dirigieron a la bancada de Morena y PT para reprochar la falta de consulta a los pueblos indígenas, obligatoria por ley. El panista Elías Lixa lanzó su chamarra sobre su asiento en protesta, mientras que otros diputados exigieron un proceso adecuado de consulta previa.
Desde el PRI, Rubén Moreira acusó que las reservas “no resuelven lo que dicen resolver” y que incluso abren la puerta a retroactividad. Señaló que el artículo 22 —modificado para agilizar procedimientos de reasignación— termina beneficiando a “oligarcas” por encima de pequeños productores.
Monreal rechazó los señalamientos, insistiendo en que sí existe un antecedente de consulta: el realizado en 2019 durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. La oposición respondió que esa consulta no tiene relación con la ley actual ni con los sistemas comunitarios de agua, calificando el argumento como “tramposo”.
El ambiente se tensó cuando el petista Adrián González acusó a la oposición de usar el tema indígena para frenar el dictamen, lo que provocó gritos y empujones entre legisladores.