El juez federal Everardo Maya Arias, figura controvertida por su intervención en casos vinculados con el narcotráfico y violaciones graves a derechos humanos, fue encontrado sin vida la mañana del domingo en el municipio de Zinacantepec. Su muerte reaviva el debate sobre la vulnerabilidad del sistema judicial mexicano frente a los intereses del crimen organizado y el poder político.
Según reportes oficiales, el cuerpo del exjuez —de 53 años— fue hallado dentro de una camioneta Volkswagen blanca con placas del estado de Michoacán, estacionada a un costado del panteón de Santa Cruz Cuauhtenco. Presentaba un disparo en la cabeza, y junto a él se localizó un arma de fuego. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación y que no se descarta ninguna hipótesis, incluida la de un posible homicidio.
Maya Arias, quien hasta hace poco se desempeñaba como Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, se convirtió en figura pública tras emitir resoluciones judiciales que beneficiaron a personajes de alto perfil como Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, y José Luis Abarca, exalcalde de Iguala acusado por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En ambos casos, Maya Arias resolvió a favor de los implicados: concedió una suspensión provisional a Guzmán López frente a una orden de captura y otorgó un amparo que permitió el retiro de la prisión preventiva a Abarca. Estas decisiones generaron una ola de críticas e incluso lo colocaron en la mira del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo señaló públicamente como parte de una estructura judicial que, según él, “protege intereses criminales bajo el amparo de la ley”.
La muerte del exjuez ha generado reacciones encontradas dentro del gremio judicial. Mientras algunos expresan preocupación por lo que consideran un nuevo episodio de violencia contra servidores públicos del Poder Judicial, otros insisten en la necesidad de revisar con mayor profundidad el papel de jueces involucrados en decisiones que han tenido impactos sociales, jurídicos y políticos de gran alcance.
Por el momento, la fiscalía estatal ha ordenado la necropsia legal y mantiene resguardada la escena del hallazgo. No se ha confirmado si Maya Arias enfrentaba amenazas o estaba bajo algún tipo de protección desde que dejó el cargo.
El caso se suma a una larga lista de hechos que evidencian la fragilidad de la justicia federal en México, donde jueces y magistrados operan bajo presión constante —ya sea por parte de redes criminales, presiones políticas o escrutinio público excesivo—, en un entorno donde las garantías institucionales parecen insuficientes para proteger a quienes interpretan la ley.