Brandy Dowdy, una mujer de 42 años, fue declarada culpable y podría ser sentenciada a más de cuatro décadas de cárcel por permitir que su jauría de perros pitbull atacara y matara a dos mujeres en menos de 24 horas, en hechos que conmocionaron a la comunidad de Red Bay.
Un jurado la halló culpable de homicidio involuntario y homicidio por negligencia criminal tras las muertes de Jacqueline “Summer” Beard, de 58 años, y Michelle Ann Sheeks, de 44. Ambas mujeres murieron devoradas por los perros de Dowdy en incidentes separados, pero consecutivos.
Los ataques ocurrieron en enero de 2023. Según las pruebas presentadas, Michelle Sheeks fue atacada mientras corría cerca de la propiedad de Dowdy y falleció a causa de las graves heridas. Summer Beard fue encontrada muerta en la misma zona aproximadamente un día después.
Aplicación de la “Ley Emily”
La condena se fundamentó en la violación de la Ley Emily, una legislación estatal promulgada en 2018. Esta ley lleva el nombre de Emily Colvin, una joven de 24 años que fue asesinada por los pitbulls de sus vecinos en Alabama. La normativa permite que los perros que matan o hieren gravemente a una persona sean sacrificados y, de manera crucial, responsabiliza penalmente a los dueños que no controlan a sus animales con “tendencias peligrosas conocidas”.
El testimonio de la hija y la situación de salud de la acusada
Durante el juicio, la propia hija de Brandy Dowdy declaró haber presenciado ambos ataques. Relató que escuchó ruidos la noche del ataque a Sheeks y luego la vio agonizando, aunque afirmó que no vio perros cerca en ese momento. Respecto al ataque a Beard, dijo que los perros estaban en el patio.
La defensa de Dowdy presentó un atenuante: la acusada sufre de leucemia y está a la espera de un trasplante de médula ósea. Sus abogados argumentaron que una sentencia larga de prisión equivaldría a una “sentencia de muerte”, ya que es poco probable que sobreviva el tiempo necesario para recibir el trasplante mientras esté encarcelada.
Próximos pasos
El juez programó la audiencia de sentencia para el próximo 11 de marzo. La fiscalía buscará la pena máxima, que podría superar los 41 años de prisión, mientras la defensa pedirá clemencia basada en la grave condición médica de la condenada. El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los dueños de perros considerados peligrosos y la aplicación de leyes más estrictas para prevenir tragedias similares.