Si tienes cámaras de seguridad instaladas en tu hogar o negocio, podrías enfrentarte a una multa de hasta 320 mil días de salario mínimo, según lo estipulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
La normativa, vigente en México, establece que las personas que instalen sistemas de videovigilancia y difundan imágenes sin consentimiento pueden ser sancionadas con multas que alcanzarían hasta 18 millones de pesos en 2025. Esto se debe a la protección de la privacidad de las personas que transitan por la vía pública, incluyendo posibles delincuentes, según lo señalado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
¿Por qué se aplica esta multa?
De acuerdo con la ley, la difusión de imágenes captadas sin autorización representa un riesgo para la privacidad de las personas, ya que cualquier individuo que sea grabado, ya sea un transeúnte común o una persona involucrada en actos ilícitos, tiene derecho a la protección de su identidad.
Este tema generó controversia en redes sociales a finales de 2024, cuando se viralizó un video del periodista Alejandro Villalvazo, quien explicó que la única forma de evitar esta sanción es cumpliendo con las normativas establecidas.
¿Cómo evitar la multa?
Para no ser sancionado, la Profeco recomienda:
- Colocar letreros visibles que adviertan a las personas que están siendo grabadas y especificar el propósito de la videovigilancia.
- Orientar las cámaras hacia el interior de la propiedad, evitando captar imágenes de la vía pública o de terceros sin su consentimiento.
¿Qué establece la ley?
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares estipula que cualquier persona que recopile o difunda imágenes de terceros sin consentimiento explícito, podría enfrentar sanciones económicas severas, sin importar si la intención es mejorar la seguridad del hogar o del negocio.
Las autoridades han insistido en que las personas deben ser conscientes de las regulaciones antes de instalar cámaras de seguridad para evitar posibles sanciones que podrían afectar gravemente su economía.