GÓMEZ PALACIO, DURANGO.
El dirigente del Frente de Apoyo Popular (FAP-FOCEP), Antonio Frausto, denunció que se ha emprendido desde el Ayuntamiento de Gómez Palacio una campaña recaudatoria en contra de los pequeños negocios dedicados en la venta de carnitas y chicharrones afuera de misceláneas o carnicerías, a los que les llegan multas de 8 mil pesos sin haber siquiera un apercibimiento o notificación.
Hizo ver que muchos de estos negocios se instalaron con la finalidad de generar un recurso extra al perder el empleo algún miembro de la familia, y lo único que han ganado hasta ahora es el pago de una multa que es impuesta por la Dirección de Ecología. El dirigente sostuvo que las condiciones de las familias que tienen estos negocios son por demás críticas y la postura del municipio lejos de mostrarse solidaria en estos momentos de pandemia, se ha vuelto represiva en contra de la comunidad.
“Esta situación ha venido afectando a comerciantes dueños de tienditas y carnicerías, donde instalan afuera su caso para freír carnitas, en donde iniciaron operativos por parte de la Dirección de Ecología dizque para checar las condiciones de trabajo de los establecimientos, sobre todo en colonias de la periferia”, dijo.
En ese sentido, dijo que las observaciones de dichos inspectores de Ecología es que tiran aceite en la vía pública, pero lejos de dejar una notificación o apercibimiento, lo mismo que se les brinde alguna capacitación sobre el manejo de estos utensilios, les dejan una multa de 8 mil pesos que deberá pagarse en la Tesorería Municipal.
Recordó que en otras administraciones se planteó que primero se hiciera una visita a estos negocios y se capacite en su caso a los propietarios para que en donde estén haciendo fritas de carnitas y chicharrón, sobre el manejo de los casos, del aceite y de los residuos, colocando incluso barandas de protección con para evitar accidentes, como el contar con un extinguidor en mano; sin embargo, dijo que nada de eso se ha hecho.
“Hay algunos compañeros que están llegando estos inspectores y las multas son de hasta 8 mil 200 pesos, por lo que se observa que la única intención es multar con un afán recaudatorio y no precisamente correctivo a las supuestas observaciones que incluyen en el levantamiento de las actas”, dijo.
Lamentó que la actual administración se esté caracterizando por su labor recaudatoria al llegar a estos pequeños negocios con “la espada desenvainada”, pues antes de cobrar, deberían primero de notificar y hacer las observaciones debidas al negocio o comercio para que corrija esas supuestas anomalías.