Municiones de alto poder calibre .50, diseñadas originalmente para uso militar del Ejército de Estados Unidos, han terminado en manos de cárteles mexicanos, donde son utilizadas en enfrentamientos armados y ataques contra fuerzas de seguridad. Así lo revela una investigación reciente de The New York Times, que pone el foco en la planta Lake City Army Ammunition, ubicada en Missouri, una de las mayores fábricas de municiones del gobierno estadounidense.
De acuerdo con el reportaje, la instalación —propiedad del gobierno de EU pero operada bajo esquemas de contratación con empresas privadas— produce cartuchos que, mediante vacíos legales y acuerdos comerciales, logran llegar al mercado civil y posteriormente a la frontera con México, donde son adquiridos por organizaciones criminales.
Estas municiones calibre .50 son utilizadas en armas de alta letalidad, como el fusil Barrett M82/M8, capaz de perforar blindajes ligeros y derribar aeronaves. Autoridades mexicanas han asegurado este tipo de cartuchos en Sinaloa, particularmente en el contexto de la disputa interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, agudizada tras el traslado a Estados Unidos y la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.
El diario estadounidense señala que documentos oficiales revisados muestran cómo los acuerdos entre el Ejército de EU y contratistas permiten que parte de la producción de municiones calibre .50 sea comercializada legalmente, pese a que el mercado civil para este tipo de cartuchos es reducido dentro de Estados Unidos. Esa baja demanda interna, advierte el reportaje, facilita que los cartuchos sean desviados hacia redes de tráfico ilegal.
La investigación también destaca que el propio gobierno mexicano ha adquirido municiones a la planta de Lake City, lo que añade un elemento de complejidad al rastreo del origen de los cartuchos asegurados en operativos contra el crimen organizado.
El uso de este armamento no es menor. Según el reportaje, cárteles mexicanos han derribado helicópteros y perpetrado asesinatos empleando rifles que disparan munición calibre .50, elevando de forma significativa el nivel de violencia y el riesgo para fuerzas de seguridad y población civil.
En el plano diplomático, el tema del tráfico de armas volvió a la agenda bilateral el pasado 24 de enero, durante la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos (GIS). En ese encuentro, ambos países acordaron reforzar las acciones conjuntas para frenar el flujo ilegal de armas hacia territorio mexicano, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El hallazgo vuelve a evidenciar que la violencia en México no solo se alimenta del narcotráfico, sino también de una cadena transnacional de producción, comercio y desvío de armamento, donde las fronteras legales e ilegales se diluyen con consecuencias mortales.