La fiscalía general del estado de Chihuahua ha registrado el desplazamiento forzado de 572 personas indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo, desde el año 2015.
Hay otros municipios como Urique y Guachochi donde también la violencia narquista desplaza a los tarahumaras y pimas de sus comunidades, por lo que la cifra podría superar las mil.
Tan solo el 7 de junio del año pasado, un grupo de alrededor de 60 personas de la comunidad Ódame La Sierrita, fueron víctimas de desplazamiento, debido al clima de inseguridad que se recrudeció con la tala ilegal y la presencia de grupos armados.
La Sierrita se encuentra integrada por varios ranchos, en un extenso territorio que se sustenta principalmente con el autoconsumo, donde las familias tenían ganado, chivas, gallinas, mulas y plantíos de tomate, calabacitas, maíz, frijol, chícharo y trigo, todo lo cual lo perdieron al huir de sus hogares.
En enero de este año, en el poblado de Baborigame, organizaciones de la sociedad civil, documentaron hechos violentos, donde más de 150 personas se vieron obligadas a salir de sus casas, debido a amenazas y al clima de violencia que existe en la zona.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) presentó el 11 de diciembre un amparo en el que solicita se construya o adecúe de forma inmediata en la ciudad de Chihuahua u otros municipios, refugios emergentes, dignos, seguros, con suficientes dormitorios, baños, condiciones de higiene óptimas, servicios básicos e instalaciones que permitan el desarrollo de las familias.
Estas agrupaciones han documentado que la delincuencia generada por los narcos, como la tala ilegal de los bosques, la siembra de mariguana y amapola, la extorsión y el secuestro, además de los homicidios, es constante y creciente y que continúa generando desplazamiento forzado de las comunidades originarias.
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