La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez aseguró que en las investigaciones por el caso de la muerte de 39 migrantes en un incendio en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez no se protegerá a nadie, y se citará a declarar a todos los funcionarios de migración y de la empresa de seguridad privada que resguardaba el lugar.
Insistió en que fue una tragedia, un hecho indignante, que genera impotencia y coraje, por lo que no se protegerá a ningún funcionario del gobierno federal, entre ellos al director del INM, Francisco Garduño, o de quienes sin ser funcionarios públicos laboraban en el lugar como empleados de seguridad privada.
“Al momento, se tienen identificados, inicialmente, ocho personas probablemente responsables de los hechos, dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y protocolos de protección civil.
“Queremos ser muy enfáticos, en señalar que de ninguna manera se ocultarán los hechos, ni se protegerá a nadie”, enfatizó Rodríguez.
Puntualizó que hay 27 personas migrantes hospitalizadas, y de ellas 14 se atienden en hospitales del IMSS; once en el hospital general de Chihuahua y dos en un hospital del ISSSTE.
De los internados, 14 del IMSS y 10 del hospital general de Chihuahua, se encuentran en estado grave.
La funcionaria reconoció que se investiga en qué condiciones operaba esa instalación y si contaba o no con medidas y protocolos de protección civil.
Destacó que esta tragedia no representa a la política migratoria del gobierno de México, y servirá para buscar qué mejorar en el trato a los migrantes en ese tipo de instalaciones.
“La política migratoria del gobierno mexicano es de respeto a los derechos humanos, esa es la directriz que nosotros recibimos, estos lamentables acontecimientos no tienen que ver con esa política migratoria. Se va a hacer una revisión de estos acontecimientos para saber en estos casos y en otras estancias migratorias qué es lo que debe modificarse cambiar, mejorar”, insistió Rodríguez.
Recalcó que las órdenes de aprehensión se girarán en breve por los delitos de homicidio doloso, o en su defecto de homicidio doloso eventual; por daños en propiedad ajena; y tentativamente por privación ilegal de la libertad.
La funcionaria se reservó datos relevantes como el nombre de la empresa de seguridad privada que prestaba servicio en esa estancia del INM, el nombre del responsable de la estación migratoria, quién tenía en su poder la llave que abría la reja de la celda en donde estaban encerrados los migrantes, dónde se encontraba la llave en el momento del incendio, las razones de la ‘redada’ ordenada por el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar,
porque, insistió en varios momentos de la rueda de prensa, se pondría en riesgo el Debido Proceso del caso.
También dijo que a través de testimonios de los sobrevivientes, se tiene identificado a uno de los migrantes quien, presuntamente fue quien inició el incendio y podría ser acusado de homicidio.
Pese a que todos esos aspectos se encuentran bajo investigación, Rodríguez recalcó que lo sucedido en la estación migratoria fue un delito y debe haber responsables de la muerte de los 39 migrantes.
“Eso es claro, que no había un protocolo que estuvieran respetando, no había un reglamento que fuera respetado en ese momento, pero también la decisión de. en lugar de salvar las vidas, no fueron capaces de abrir una reja, entonces es algo que estará en las investigaciones ¿Quién no permitió la salida de estas personas? Claro que evidentemente hay un delito grave.
“Si hay necesidad de ceses, de hacer presentaciones ante el Ministerio Público no lo vamos a dejar de hacer, no se va a proteger a nadie. No va a haber impunidad”, comentó la secretaria.
Evitó entrar en polémica acerca de por qué los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; se responsabilizan mutuamente de estar a cargo del tema de la migración.
Sara Irene Herrerías, Fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República, recalcó que esa instancia es la que lleva a cabo las investigaciones.
Dijo que las necropsias ya se concluyeron, que se está en elaboración de las primeras órdenes de aprehensión contra posibles responsables y que la repatriación de los cadáveres comenzará conforme sean identificados por sus familiares.
En la rueda de prensa, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hizo hincapié en que por instrucción del presidente de la República, las dependencias del gobierno deben contratar al Servicio de Protección Federal para resguardar sus instalaciones en lugar de echar mano de empresas de seguridad privada, cómo sucedió en el INM de Ciudad Juárez