El gobierno federal designó a Carlos García Villaseñor, exalcalde de Silao, Guanajuato, y militante de Morena, como nuevo delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Querétaro, a pesar de que enfrenta un proceso judicial por hostigamiento sexual.
La designación generó una fuerte polémica y rechazo público, especialmente por parte de dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato y Querétaro, quienes denunciaron que se trata de un intento de “esconder” al funcionario en una plaza federal con un salario que supera los 100 mil pesos mensuales, sin atender la gravedad de las acusaciones en su contra.
Aldo Iván Márquez Becerra, dirigente del PAN en Guanajuato, y Martín Arango García, líder panista en Querétaro, condenaron el nombramiento y manifestaron preocupación porque este tipo de decisiones “no cuidan a las mujeres ni protegen a las queretanas y los queretanos”.
Por su parte, la presidenta del Comité Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, declaró que corresponde a las autoridades judiciales investigar y sancionar en caso de que se confirme alguna conducta violenta, enfatizando que el partido respeta la presunción de inocencia y el debido proceso.
Este caso ha vuelto a encender el debate sobre la responsabilidad política y ética en la asignación de cargos públicos, especialmente en un contexto donde la lucha contra la violencia de género es una prioridad nacional.