Al grito de “¡Nos faltan 10!” y bajo el lema “Los mineros estamos de luto”, trabajadores del sector minero marcharon de manera simultánea en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hermosillo y Pachuca para exigir justicia por los 10 mineros privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, cinco de los cuales ya habían sido localizados sin vida en una fosa clandestina.
Las movilizaciones fueron convocadas por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), que llamó a realizar actos pacíficos en memoria de los trabajadores y para visibilizar la situación de inseguridad que enfrentaba el gremio.
Con cascos, camisas blancas y moños negros, los contingentes recorrieron plazas públicas y centros históricos en un ambiente de luto y solidaridad. En varios puntos del país se realizaron minutos de silencio, lecturas de nombres y misas en honor a las víctimas, además de mensajes de respaldo a las familias afectadas.
Durante la jornada, el presidente nacional de la AIMMGM, Rubén del Pozo, señaló que, aunque existían esfuerzos institucionales en materia de seguridad, estos habían resultado insuficientes ante la gravedad de los hechos. Subrayó que el sector había logrado avanzar en protocolos de seguridad dentro de las minas, pero ahora enfrentaba riesgos fuera de los centros de trabajo.
En Zacatecas, familiares y compañeros de Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Ángel Hernández Vélez participaron en la movilización, reiterando el llamado a que el caso no quedara impune. En Hermosillo, el contingente avanzó en silencio hasta la catedral local y posteriormente a la Plaza Zaragoza, donde se celebró una ceremonia religiosa. En Pachuca, la marcha concluyó con un homenaje en el Monumento al Minero.
Los hechos que detonaron la protesta ocurrieron el 23 de enero, cuando diez trabajadores vinculados a la empresa canadiense Vizsla Silver fueron secuestrados en viviendas asignadas por la compañía en Concordia. Días después, autoridades localizaron fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, donde se confirmó que cinco de los cuerpos correspondían a los mineros reportados como desaparecidos.
El gremio minero reiteró su exigencia de justicia, el esclarecimiento total de los hechos y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad en las regiones mineras del país, al advertir que la violencia no solo golpeaba a las empresas, sino que desgarra a familias enteras y a comunidades cuya economía dependía de esta actividad.