Se trataría de un caso distinto al de un supuesto financiamiento a la campaña de 2006, que el gobierno norteamericano dio por cerrado
Agentes estadounidenses pasaron años investigando una serie de acusaciones de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con cárteles de la droga y recibieron millones de dólares después de que él asumiera su cargo, según registros del Gobierno de Estados Unidos y tres personas familiarizadas con el tema.
La investigación, que no se había reportado anteriormente, reveló información que apuntaba posibles vínculos entre poderosos operadores de los cárteles y asesores y funcionarios mexicanos cercanos al presidente mientras gobernaba el país.
Sin embargo, Estados Unidos nunca inició una investigación formal en contra de López Obrador y los agentes involucrados cerraron el caso. Llegaron a la conclusión de que el Gobierno de Estados Unidos tenía poco interés en presentar acusaciones contra el líder de uno de sus principales aliados, mencionaron tres personas cercanas al tema, quienes no estaban autorizadas para hablar públicamente.
López Obrador calificó las acusaciones de ser “completamente falsas” en respuesta a las preguntas de The New York Times el jueves 22 de febrero. Dijo que la noticia de la investigación no afectaría “de ninguna manera” la relación entre México y Estados Unidos, pero esperaba una respuesta del gobierno norteamericano.
“¿Esto disminuye la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos?”, dijo López Obrador en una conferencia de rutina y agregó: “El tiempo lo dirá”.
Los cárteles de la droga se han infiltrado durante mucho tiempo en el Estado mexicano, desde los más bajos hasta los más altos niveles del gobierno. Le pagan a las policías, manipulan a los alcaldes, cooptan a altos funcionarios y dominan amplias zonas del país.
Si bien los recientes esfuerzos de agentes estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los colaboradores de López Obrador, no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales. Al respecto, funcionarios estadounidenses se negaron a brindar declaraciones.
Mucha de la información recolectada por los oficiales de EEUU provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y, en ocasiones, terminan siendo erróneos. Los agentes obtuvieron la información mientras investigaban las actividades de los cárteles, y no estaba claro qué porcentaje de lo que los informantes detallaron fue confirmado de manera independiente.
Las supuestas reuniones entre colaboradores de AMLO y líderes del narco
Por ejemplo, los registros muestran que un informante les dijo a los investigadores que uno de los confidentes más cercanos de López Obrador se reunió con Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, un alto líder del Cártel de Sinaloa, antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018.
Una fuente diferente les dijo que después de la elección del presidente, un fundador del notoriamente violento Cártel de Los Zetas pagó cuatro millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de poder salir de prisión.
Los investigadores obtuvieron información de una tercera fuente, la cual sugería que los cárteles de la droga tenían en su poder videos de los hijos del presidente recibiendo dinero de la droga, según muestran los registros. López Obrador negó todas las acusaciones hechas por los informantes.
Los agentes del orden de EEUU también rastrearon de manera independiente los pagos de personas que creían que eran operadoras del cártel a intermediarios de López Obrador, dijeron dos de las personas familiarizadas con la investigación.
Al menos uno de esos pagos, comentaron, se hizo aproximadamente en las mismas fechas en las que López Obrador viajó al estado de Sinaloa en 2020 y conoció a la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ‘El Chapo’, quien ahora cumple cadena perpetua en una prisión federal estadounidense.
Hace más de una década, una investigación alterna de la Administración de Control de Drogas (DEA) descubrió acusaciones de que los traficantes habrían donado millones a la fallida campaña presidencial de López Obrador en 2006. Esta investigación, detallada por tres medios el mes pasado, se cerró sin que se emitiera algún cargo.
Los obstáculos que EEUU encontró para la investigación
Para EEUU, presentar cargos penales contra funcionarios extranjeros de alto nivel es una tarea poco usual y complicada. Armar un caso legal contra López Obrador sería particularmente desafiante. La última vez que Estados Unidos presentó cargos penales contra un alto funcionario mexicano, terminó retirándolos luego de que su arresto provocara una ruptura diplomática con México.
La administración de Joe Biden tiene un enorme interés en gestionar su relación con López Obrador, a quien considera indispensable para contener el aumento en la migración que se ha convertido en uno de los temas más polémicos de la política estadounidense. Es una gran preocupación para los votantes en el periodo previo a las elecciones presidenciales de este otoño.