El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) activó un mecanismo clave previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ante la preocupación por la situación en México. Esta medida podría escalar hasta una intervención por parte de la Asamblea General de la ONU si se confirma que las desapariciones forzadas en el país constituyen una práctica sistemática o generalizada.
Durante la reciente sesión del Comité, su presidente, Olivier de Frouville, destacó la gravedad del caso mexicano y subrayó que fue uno de los principales focos de atención del periodo. “Este periodo fue una oportunidad para enfocarnos en otra situación preocupante: la de México”, afirmó.
De Frouville explicó que el análisis se realizó mediante tres procedimientos previstos por la Convención: el mecanismo de acción urgente (artículo 30), el de comunicaciones individuales (artículo 31) —a partir de una denuncia concreta de desaparición en México— y el procedimiento del artículo 34, activado ahora por el Comité.
El artículo 34 permite al Comité llevar una investigación confidencial si existen indicios fundados de que en el territorio de un Estado Parte se practican desapariciones forzadas de forma sistemática. Si México no coopera o no toma medidas efectivas, el caso podría escalar hasta los más altos niveles del sistema de Naciones Unidas, incluyendo la Asamblea General.
El presidente del CED insistió en que el objetivo del Comité no es confrontar a los Estados, sino cooperar con ellos. “El Comité tiene como objetivo mantener con el Estado cooperación y diálogo constructivos para alcanzar nuestro objetivo común, que no es sino la aplicación íntegra de la Convención”, señaló.
La activación de este mecanismo ocurre en un contexto de creciente preocupación nacional e internacional por los niveles de desapariciones en México, con decenas de miles de casos sin resolver y denuncias constantes de impunidad y colusión de autoridades.
Este paso marca un momento crítico en la relación entre el Estado mexicano y los organismos internacionales de derechos humanos, y podría tener repercusiones significativas en la política interna y en la percepción global sobre el cumplimiento de México con sus obligaciones internacionales.