Relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendieron las alertas internacionales sobre seis megaproyectos de gas fósil licuado (GNL) impulsados en el Golfo de California, al advertir que representan un riesgo grave para la vida de millones de personas, la biodiversidad marina y el cumplimiento de los compromisos climáticos de México.
En una comunicación dirigida al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, nueve expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresaron su “seria preocupación” por los impactos ambientales y en derechos humanos que tendría la operación de estos proyectos en una región considerada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco y conocida como el “Acuario del mundo”.
La advertencia se suma a una segunda ronda de comunicaciones enviadas también a empresas y gobiernos involucrados. Organizaciones ambientales y el movimiento ciudadano ¡Aquí No!, opositor a la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Sinaloa, hicieron públicas las misivas dirigidas a México, así como al consorcio Proman —de capital suizo y alemán— y al banco alemán KFW IPEX Bank. Suiza y Alemania fueron llamados igualmente a responder.
Los expertos de Naciones Unidas subrayan que la expansión de la industria del GNL contribuye de forma directa al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, afectando derechos fundamentales como la salud, el agua, la alimentación y el medio ambiente sano. Recordaron que la quema de combustibles fósiles es una de las actividades humanas con mayor impacto en la crisis climática global.
La alerta se centra en posibles daños a 12 áreas naturales protegidas y 33 sitios Ramsar de importancia internacional, donde además habitan pueblos indígenas y comunidades costeras. En esta región viven alrededor de 11 millones de personas que dependen en gran medida de la pesca y el turismo.
De acuerdo con la comunicación, los proyectos —entre ellos Terminal GNL Sonora-Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG, GNL Cosalá y los gasoductos Sierra Madre y Corredor Norte— podrían convertir a México en el cuarto exportador mundial de gas fósil licuado. Tan solo la industria global del GNL genera cerca de 2.3 gigatoneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año.
Los relatores destacaron cifras alarmantes. Según la Manifestación de Impacto Ambiental de Vista Pacífico, en Topolobampo, Sinaloa, la planta emitiría más de 776 mil toneladas de CO₂ anuales en sus primeras fases, y hasta 13.89 millones de toneladas por año en su fase tres. A ello se suman las fugas de metano, gas que, advierten, tiene un potencial de calentamiento global hasta 80 veces superior al del CO₂.
La ONU también señaló el alto consumo de agua de estos proyectos, la contaminación por sustancias químicas peligrosas y los efectos del vertido de aguas de lastre de los buques, factores que pondrían en riesgo ecosistemas marinos, especies endémicas y el modo de vida de comunidades costeras.
Otro punto crítico es la falta de información. Los expertos advirtieron que la ubicación exacta de la infraestructura de varios proyectos no ha sido revelada públicamente, lo que vulnera el derecho de acceso a la información y a una participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones.
En total, los relatores formularon 11 cuestionamientos al gobierno mexicano, entre ellos cómo se cumplirán los compromisos de reducir en 30% las emisiones de metano y otros contaminantes climáticos de vida corta, establecidos en la Contribución Nacionalmente Determinada de México al Acuerdo de París, y cómo estos megaproyectos se alinean con dichos objetivos.
También pusieron en duda el cumplimiento de otros acuerdos internacionales firmados por México, como los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Personas que Trabajan en Zonas Rurales.
El 31 de octubre de 2025, la Misión Permanente de México ante la ONU en Ginebra respondió a las relatorías, reconociendo el valor ambiental del Golfo de California, pero argumentando que la Constitución mexicana considera al sector de los hidrocarburos como estratégico, de interés público y de seguridad nacional.
Esta postura, sin embargo, mantiene abierta la controversia. Para los expertos de la ONU, el reto central sigue siendo cómo conciliar el desarrollo energético con la protección del medio ambiente, los derechos humanos y los compromisos climáticos internacionales en una de las regiones más biodiversas del planeta.