Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron un presunto abuso de poder por parte del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, luego de que el ciudadano Carlos Velázquez ofreciera una disculpa pública tras haberlo increpado en septiembre de 2024 en un aeropuerto.
El acto, que se realizó de forma oficial en el Senado, desató una ola de críticas por parte de la oposición, que lo consideró un uso desproporcionado del cargo público y un mensaje intimidatorio para la ciudadanía.
La senadora Alejandra Barrales (MC) expresó su decepción: “Marché con Noroña por la democracia y la libertad de expresión. Esta disculpa no fue voluntaria, fue claramente forzada. ¿Qué estaría haciendo la izquierda si esto lo hiciera un gobierno priista o panista?”
Por su parte, Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, subrayó que el conflicto fue desigual: “No fue un acuerdo entre pares, sino entre un ciudadano y un funcionario con poder institucional y acceso a la justicia. La cancha no está pareja. A esto se le llama abuso de poder.”
La priista Claudia Anaya se sumó al reclamo al señalar que se utilizó la investidura del Senado para un ajuste de cuentas personal. “Esto no solo es una vergüenza para el Senado, es una advertencia peligrosa: quien cuestione a un político poderoso, será exhibido y humillado públicamente. No es la primera vez que Noroña utiliza su cargo para fines personales”, recordó, aludiendo también al incidente en que pidió acceso oficial a cámaras de seguridad por el robo de carne en un aeropuerto.
Aunque desde la Presidencia de la República se minimizó el hecho como un “acuerdo entre particulares”, los señalamientos apuntan a un uso institucional indebido que podría sentar un precedente negativo en el ejercicio de la crítica ciudadana.
El caso abre un debate urgente sobre los límites del poder público, la libertad de expresión y el derecho a disentir sin ser sometido a escarnio por parte de las autoridades.