En un hecho sin precedentes, un juez federal ordenó la demolición de un edificio de cinco niveles en la bahía de Solimán, Tulum, construido sin permisos de impacto ambiental y que ponía en riesgo la anidación de tortugas marinas en una zona colindante con el Santuario Xcacel-Xcacelito, área natural protegida.
El desarrollo inmobiliario, denominado Maiim, ofertaba departamentos frente al mar desde los 16 millones de pesos, a pesar de carecer de autorizaciones federales válidas. El proyecto fue impulsado con licencias municipales y estatales señaladas como irregulares, otorgadas por el gobierno de Tulum, encabezado por Diego Castañón Trejo, y por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).
La asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) promovió un juicio de amparo en agosto del año pasado contra las autoridades que permitieron la construcción, y finalmente logró una sentencia que ordena no solo frenar cualquier nuevo permiso, sino demoler el edificio y restaurar el ecosistema afectado.
Durante el proceso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el sitio, medida que fue ignorada por los desarrolladores, mientras la promoción del complejo continuó en plataformas inmobiliarias.
El promovente del proyecto, Promotora de Incentivos México, aún puede impugnar la resolución, pero la sentencia representa una victoria legal significativa en la defensa de los ecosistemas costeros de Quintana Roo. La abogada Antonella Vázquez Cavedon, fundadora de DMAS, celebró el fallo y pidió replicar estas acciones ante otros desarrollos que violan la normatividad ambiental.
DMAS también mantiene activa una lucha contra otro proyecto irregular en la misma zona, llamado Adamar Solimán, que, al igual que Maiim, ha desafiado clausuras y suspensiones judiciales.