Ante la reciente filtración de datos de usuarios, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) solicitó al gobierno federal suspender el registro obligatorio de líneas telefónicas, el cual obliga a los ciudadanos a vincular su número de celular con la CURP, al advertir graves riesgos de ciberseguridad y posibles violaciones a derechos fundamentales.
La petición surge luego de que el pasado 10 de enero, un día después del inicio del registro, especialistas detectaron vulnerabilidades en la plataforma de Telcel que habrían permitido la exposición de información personal de usuarios. Aunque la empresa anunció la implementación de medidas de seguridad adicionales, R3D alertó que los riesgos persisten, especialmente para clientes de otras compañías que también deben cumplir con la nueva obligación.
José Flores, vocero de R3D, explicó que las empresas de telecomunicaciones contaron con apenas 30 días para desarrollar los sistemas necesarios para el alta y baja de líneas, lo que consideró insuficiente para garantizar estándares mínimos de seguridad. Indicó que incluso se solicitó formalmente a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones detener la implementación de esta medida, derivada de la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sin que la petición prosperara.
El activista señaló que el registro debe ser aplazado hasta que existan condiciones adecuadas de ciberseguridad, e incluso planteó analizar su suspensión definitiva. Afirmó que la medida podría ser inconstitucional, ya que permitiría al Estado acceder a datos personales sin una orden judicial o una investigación penal en curso.
“Vamos a seguir viendo este tipo de problemas. Es irresponsable que no se haya suspendido ya el registro. Debería aplazarse hasta contar con condiciones mínimas de ciberseguridad para no exponer aún más los datos de la población”, advirtió.
Flores añadió que la suspensión debería darse en dos niveles: uno inmediato, para mitigar los riesgos actuales, y otro más profundo, para evaluar si esta política es realmente adecuada y proporcional para combatir la extorsión telefónica, uno de los principales argumentos del gobierno para justificar el registro.
Finalmente, R3D subrayó que el registro obligatorio parte de una premisa equivocada. Recordó que desde 2016 se han analizado experiencias similares sin encontrar evidencia de que estas medidas reduzcan la extorsión. Por el contrario, advirtió que en otros países se ha observado un aumento en delitos como el robo de celulares, la suplantación de identidad, la clonación de líneas y el mercado negro de tarjetas telefónicas provenientes del extranjero.