Luego del asesinato de Erick David Andrade Ramírez, en Durango, 54 federaciones, sociedades y colegios de médicos del país exigieron a nombre de más de 100 mil profesionales de la salud garantizar la seguridad en las diversas instancias médicas donde laboran.
Este fin de semana, el joven de 24 años, quien era pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Durango, murió tras ser baleado dentro del Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo.
El crimen del que fue víctima se suma al reciente similar cometido en contra de la anestesióloga Masiel Medina, quien laboraba en una unidad del IMSS Bienestar localizada en San Juanito, Bocoyna, Chihuahua, ubicado en la Sierra Tarahumara, la cual se ha ubicado como un foco rojo de inseguridad durante las últimas semanas, tras el asesinato de dos jesuitas y un guía turístico.
En el desplegado firmado por organizaciones como el Colegio Mexicano de Medicina Crítica, el Comité General Asamblea Nacional de Médicos Residentes y la Federación Mexicana de Colegios de Especialistas en Cirugía General, condenaron el crimen y la falta de medidas para su seguridad.
Además, externaron sentirse vulnerables, al igual que la ciudadanía, por lo que exigieron el esclarecimiento del crimen cometido contra el pasante y la garantía de protección no sólo para ellos, sino también para sacerdotes, maestros, enfermeros, y toda la población que acuden a laborar en determinadas zonas del país.
“Ninguna muerte por violencia se justifica, pero al ser dirigida contra quienes por su vocación se dedican a mejorar o salvar vidas de los demás, es mayormente condenable. Los trabajadores de la salud nos sentimos vulnerables”, señalaron en el mensaje dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Asimismo, reconocieron que su renuencia para aceptar plazas en áreas alejadas del país se debe a que las condiciones no son aptas para desarrollar sus funciones, a causa de la violencia.
Por separado, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación A.C (AMMEF) señalaron que las condiciones para realizar sus labores se han mermado y que cada día es más “preocupante”.
“No permitiremos que sigan vulnerando nuestros derechos, ni que estudiar medicina represente un riesgo para nuestra integridad y nuestra vida”, señalaron.
Por ello, demandaron a las autoridades resguardar a los médicos pasantes en comunidades donde no se garantiza la seguridad, elaborar indicadores de violencia para evaluar las ofertas de plazas durante el próximo mes.
Asimismo, exhortaron a las comisiones de Salud en la Cámara de Diputados y de Senadores revisar la constitucionalidad de las normas que rigen el servicio social en medicina y reformar en la materia, a favor de los derechos humanos y la seguridad.
LA RAZÓN