Ciudad de México.- Tras cinco años de litigio, el Gobierno mexicano ha sido condenado a pagar 37.1 millones de dólares a la compañía Odyssey Marine, como resultado de un arbitraje internacional presentado ante el Centro Internacional para Solución de Diferencias de Inversiones (ICSID).
La minera marina denunció la negativa de las autoridades mexicanas a otorgarle permisos ambientales para la exploración de arenas fosfáticas en las profundidades de Baja California Sur, bajo el amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El pleito, que comenzó en 2019, surgió después de que el Gobierno rechazara en dos ocasiones, en 2016 y 2018, los permisos solicitados por Odyssey Marine para iniciar la extracción de minerales en el fondo del océano en la Bahía de Ulloa, una zona considerada ecológicamente sensible.
En 2015, Odyssey Marine anunció una inversión de más de 357 millones de dólares para el proyecto Don Diego, destinado a la extracción de arenas fosfáticas en Baja California Sur. Entre los socios del ambicioso plan figuraba el empresario Alonso Ancira, entonces director de Altos Hornos de México, así como el abogado y excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos. No obstante, fuentes cercanas a Altos Hornos de México informaron que Ancira vendió su participación en el proyecto hace cuatro años.
El proyecto prometía la explotación de fosfatos, un recurso clave en la producción de fertilizantes, y contemplaba una inversión inicial de más de 357 millones de dólares.
El Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía, ha manifestado su desacuerdo con la resolución y anunció que impugnará el fallo. La dependencia argumenta que la decisión del tribunal no fue unánime y presentó serias deficiencias.
Entre los puntos clave de la defensa mexicana, se destacó el potencial daño ecológico que el proyecto podría causar, afectando especies protegidas como la tortuga caguama, ballenas azules y grises, y lobos marinos. Además, el gobierno cuestionó la falta de experiencia de Odyssey Marine en el ámbito de la minería submarina.
“Las técnicas de dragado marino propuestas por Odyssey Marine no han sido implementadas en ningún lugar del mundo, lo que pone en riesgo la biodiversidad y los ecosistemas de la región”, señaló la Secretaría de Economía en un comunicado emitido la noche del jueves. Ante estas preocupaciones, México se comprometió a utilizar todos los medios legales para anular el laudo.
El proyecto Don Diego fue recibido con protestas desde su anuncio.
Colectivos medioambientales y comunidades pesqueras de Baja California Sur expresaron su rechazo debido a los posibles daños que el dragado submarino podría causar en los bancos pesqueros y la flora marina.
La empresa Odyssey Marine había identificado en 2012 una de las reservas más prometedoras de fosfato en la región, situada en una superficie de 91,000 hectáreas a 40 kilómetros de la costa, en el noroeste del Océano Pacífico.
A lo largo del litigio, Odyssey Marine defendió que la negativa de los permisos no fue por razones técnicas, sino políticas, y que su plan cumplía con todos los requisitos para ser económicamente viable y respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente de México rechazó los permisos, argumentando que los riesgos ecológicos eran demasiado altos.
El fallo a favor de Odyssey Marine significa que México deberá pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares, además de intereses y costos administrativos. Este resultado ha encendido el debate sobre la política ambiental del país y su relación con el desarrollo económico en zonas ecológicamente sensibles.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha defendido en múltiples ocasiones su política de protección del medio ambiente y su rechazo a proyectos que puedan dañar los ecosistemas locales, pero este arbitraje internacional ha demostrado los desafíos y los costos que pueden surgir al enfrentar disputas con empresas extranjeras amparadas por tratados internacionales.
El fallo del ICSID cierra un capítulo para el ambicioso proyecto de minería submarina en México, que se ha enfrentado a una combinación de obstáculos legales, ambientales y sociales. A pesar de la resolución judicial, la Secretaría de Economía buscará revertir la decisión, manteniendo su postura de proteger el medio ambiente y argumentando la falta de viabilidad técnica del proyecto.
El caso de Odyssey Marine y las arenas fosfáticas de Baja California Sur es un ejemplo de los retos que enfrenta la Cuarta Transformación en su intento de equilibrar el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente, en un contexto global donde las disputas comerciales y ambientales tienen cada vez mayor peso.