La cadena estadounidense de pizzerías Pizza Hut ha anunciado el cierre de una de sus sucursales en Culiacán, Sinaloa, debido a la creciente violencia en la ciudad, alimentada por los cárteles del narcotráfico. La sucursal, ubicada en el Boulevard Lola Beltrán, en el Fraccionamiento Residencial Montecarlo, cerró sus puertas el 16 de enero de 2025, según un comunicado difundido por la empresa.
El mensaje dirigido a los clientes informó que, a pesar de este cierre, las operaciones continuarán en otras sucursales de la ciudad, como la de Sánchez Alonso (Tres Ríos) y en el B TEC (Guadalupe), además de mantener el servicio a domicilio en toda la capital sinaloense.
Clima de inseguridad en Culiacán
La decisión de Pizza Hut de cerrar la sucursal se suma a una creciente lista de negocios que han tenido que reducir sus operaciones o cerrar completamente en Culiacán, debido a los altos niveles de violencia. El 8 de enero, frente a Plaza Sendero, se registró una balacera entre hombres armados y elementos de la Guardia Nacional, que dejó a un civil herido. La inseguridad ha aumentado en la ciudad desde que, el 9 de septiembre de 2024, los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado desataron una ola de violencia en diversas áreas de Culiacán.
Cierre en un contexto de violencia continua
La violencia no es nueva en la zona. En noviembre de 2024, la ciudad fue escenario de múltiples balaceras y explosiones, además de daños a cámaras de seguridad en diferentes puntos comerciales, incluidos los alrededores de Plaza Sendero. En el mismo mes, dos jóvenes resultaron heridos de bala cerca de la zona, aparentemente en un intento de robo.
A través de sus redes sociales, Pizza Hut aclaró que, aunque la sucursal de Boulevard Lola Beltrán no abrirá más, el servicio a domicilio continuará operativo en toda la zona. A pesar de ello, la decisión resalta la creciente preocupación de los negocios ante la violencia que sigue afectando a Culiacán.
Este cierre es solo un reflejo de la situación que enfrentan muchos empresarios en la ciudad, que se ven obligados a adaptarse o reducir sus operaciones ante los riesgos de seguridad derivados de la narcoguerra en Sinaloa.