CHIHUAHUA, CHIH.
Durante más de tres meses, el poblado de Cinco Llagas, ubicado en el municipio de Guadalupe y Calvo, ha estado inmerso en una intensa disputa armada entre dos grupos del crimen organizado. Los enfrentamientos, que comenzaron el 27 de agosto, han dejado a la comunidad en estado de emergencia, con balaceras constantes, desplazamientos forzados y una población atrapada entre el miedo y la necesidad de sobrevivir.
Localizado en la región conocida como el Triángulo Dorado, Cinco Llagas es un ejemplo del impacto de la violencia criminal en las comunidades rurales de México. Rodeado por cerros que sirven de trincheras para los grupos armados, el pueblo ha visto cómo su vida cotidiana se ha transformado drásticamente. Escuelas cerradas, servicios de salud interrumpidos y un suministro irregular de alimentos y otros productos básicos son parte de la nueva realidad.
Desde el inicio de los enfrentamientos, el Ejército ha establecido un destacamento en las escuelas primaria y preescolar del pueblo, convirtiendo a estas instituciones en refugios de seguridad y dejando a los niños sin acceso a educación regular. Mientras algunos estudiantes reciben clases en línea, otros dependen de visitas ocasionales de maestros. “Ahorita se ve tranquilo, pero no está”, comenta un residente, reflejando la incertidumbre que domina la comunidad.
El conflicto es parte de una lucha territorial entre un grupo local vinculado al Cártel de Sinaloa y un grupo nuevo asociado con el Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ) y presuntamente respaldado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La disputa ha restringido los movimientos de la población, dificultando el acceso a servicios básicos y exponiendo a los habitantes al riesgo de ser identificados con uno u otro bando.
Ante la violencia, algunas familias han decidido huir hacia poblados vecinos como Baborigame, mientras otras han optado por permanecer en sus hogares, confiando en la presencia del Ejército y en la llegada de caravanas gubernamentales y de organizaciones civiles. Estas caravanas llevan alimentos, medicinas y servicios como el registro civil, pero su periodicidad y alcance son limitados debido al peligro en las rutas.
Las cifras son alarmantes. Según datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), el desplazamiento forzado interno afecta a cientos de personas en Guadalupe y Calvo. En Cinco Llagas, al menos 70 personas han abandonado sus hogares desde el inicio del conflicto.
La presidenta municipal, Ana Laura González, ha visitado la comunidad en repetidas ocasiones, acompañada por la Guardia Nacional. González, la primera mujer en gobernar Guadalupe y Calvo, enfrenta amenazas constantes. “Lo que nosotros queremos es que se acabe esta guerra. Todos los días llegan personas desplazadas a la cabecera municipal. ¿Cómo le vamos a hacer con el albergue? ¿Y con la comida?”, expresó durante una visita reciente.
El conflicto ha exacerbado problemas estructurales como la desnutrición infantil. En Cinco Llagas, un 40% de los niños menores de cinco años presentan retardo en el crecimiento, según un diagnóstico realizado por el nutriólogo Ernesto Granados. “En ningún lado había visto algo tan grave”, afirmó tras evaluar a 58 niños y niñas en la comunidad.
La falta de servicios médicos permanentes también es crítica. Las brigadas de salud, que solían visitar la comunidad mensualmente, ahora llegan de forma irregular, exponiendo a los habitantes a riesgos mayores. Un caso reciente ilustra la situación: una niña de tres años con desnutrición moderada y convulsiones tuvo que ser trasladada a Baborigame, pero murió antes de llegar a recibir atención adecuada.
La violencia ha trazado fronteras invisibles que limitan la movilidad de las comunidades. Grupos armados vigilan caminos y rancherías, impidiendo que los habitantes accedan a sus parcelas para cosechar. “No puede uno tener una vaca porque la matan y dejan la mitad tirada”, comenta un residente, describiendo la desesperación de quienes dependen de la agricultura para subsistir.
Mientras tanto, en comunidades cercanas como Santa Tulita, la situación es similar. Ahí, las autoridades y organizaciones civiles trabajan para restablecer servicios básicos, pero la desconfianza y el miedo persisten. “El impacto de la violencia en los niños es muy preocupante. ¿Cómo se recupera eso? A veces no se recupera”, advierte Diana Villalobos, directora de la organización Contec.
El gobierno de Chihuahua ha tipificado el desplazamiento forzado interno como delito, pero los desafíos para garantizar justicia y protección a las víctimas son enormes. Mientras las autoridades debaten sobre la magnitud del problema, la vida en Cinco Llagas y otras comunidades de Guadalupe y Calvo sigue marcada por el miedo, la violencia y la precariedad.
Para quienes permanecen en el pueblo, la presencia del Ejército y las visitas ocasionales de las caravanas son una línea de esperanza, pero no una solución definitiva. En medio del conflicto, el dilema de resistir o escapar sigue siendo una decisión diaria para los habitantes de esta región devastada por el crimen organizado.