Ciudad de México.
La baja participación registrada en la elección judicial del pasado domingo, en la que sólo 13% del electorado acudió a las urnas, ha generado un amplio debate sobre el significado y las implicaciones de este nuevo mecanismo de elección de jueces y magistrados impulsado por el gobierno federal.
La elección, considerada inédita por su magnitud y alcance, contempló 2,681 cargos nacionales y locales en el Poder Judicial, en un modelo que, aunque con similitudes en países como Bolivia, Japón y Estados Unidos, constituye una novedad dentro del sistema mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el proceso como un “gran ejercicio” y defendió la participación alcanzada al compararla con consultas anteriores promovidas por el gobierno.
“Todo es perfectible, ayer (el domingo) fue la primera elección, se sacarán las conclusiones para poder mejorar en 2027. Fue un gran ejercicio y mucha gente participó”, declaró. También destacó que, en la consulta de 2021 sobre el enjuiciamiento a expresidentes, participó el 6% del electorado, y en la de revocación de mandato de 2022, el 18%. Desde esa perspectiva, señaló que la cifra alcanzada este domingo puede considerarse un éxito.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, coincidió con la mandataria y afirmó que el nivel de participación cumplió las expectativas. Sin embargo, diversos especialistas en derecho y procesos electorales han señalado que la escasa asistencia a las urnas podría deberse a problemas estructurales en la organización del proceso y no necesariamente al desinterés por la reforma.
La elección se llevó a cabo en un contexto político marcado por la alta aprobación del gobierno, que cuenta con respaldo mayoritario en el Congreso y en los gobiernos estatales y locales. A pesar de ello, la participación estuvo muy por debajo del umbral del 50% que, según encuestas previas, los ciudadanos consideraban necesario para otorgarle legitimidad al proceso.