CHIHUAHUA, CHIH.
La Auditoría Superior de Chihuahua (ASE) presentará nueve denuncias penales por irregularidades que se detectaron en el ejercicio de la cuenta pública 2021, último año de la administración estatal que encabezó el panista Javier Corral Jurado (2016-2021).
El titular del organismo, Héctor Acosta Félix, señaló que las querellas se interpondrán ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado contra quien resulte responsable, por anomalías como pagos dobles y obras inconclusas que se hallaron en las secretarías de Hacienda y de Salud.
En la revisión de la cuenta pública 2021 se realizaron 173 auditorías: nueve de cumplimiento financiero, una de obra pública, 11 de desempeño, tres forenses y dos derivadas de denuncias, de las cuales surgieron mil 528 observaciones y mil 197 recomendaciones, detalló la ASE
Entre las irregularidades detectadas, hay pagos duplicados y cheques apócrifos que representan un presunto desfalco de 12.1 millones de pesos destinados al programa de atención a siniestros agrícolas.
Se encontró también el desvío de 401.3 millones de pesos etiquetados en el presupuesto de salud, pero la administración de Corral los utilizó para pagar un crédito de corto plazo sin autorización del Congreso, y un retraso de 48 por ciento en la conclusión y entrega de obras a realizarse en Ciudad Juárez.
En el municipio de Parral, el gobierno de Chihuahua pagó 207 millones de pesos por la construcción de un hospital de ginecobstetricia, recursos que recibió la empresa Urbemex, la cual no acreditó experiencia pero aún así recibió el contrato, y la obra quedó con un avance de menos de 65 por ciento.
En la Secretaría de Hacienda se halló que para la reestructuración de la deuda pública del gobierno estatal se creó un fideicomiso, en el que se ingresó el total de los recursos de participaciones federales, y del cual saldrían los pagos para los créditos restructurados.
Sin embargo, el dinero del fideicomiso se utilizó para contratar los servicios de asesoría de un despacho privado por 98.6 millones de pesos. Además, ese contrato no cumplió con las disposiciones estipuladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua”.
Acosta Félix explicó que “de un total de 170 actividades que debió haber realizado el despacho contratado, 138 entregadas son documentos oficiales o relatorías que elaboró la propia Secretaría de Hacienda y no el bufete. Otras 33 actividades definitivamente no fueron presentadas, a pesar de que fueron pagadas, apuntó.
Además, se han interpuesto denuncias de inhabilitación de servidores públicos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por actos como mal manejo de medicamentos del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), ya que en 2021 dejaron caducar fármacos, lo que representó una pérdida de 9.1 millones de pesos.
En la compra de los medicamentos no se cumplió la cláusula sexta de los contratos de adquisición, que obliga a que su caducidad sea menor a 18 meses, precisó la ASE.
Según la revisión contable, funcionarios del Ichisal no hicieron efectivas las cartas compromiso de canje para cambiar los fármacos entregados por el proveedor con caducidad mínima de nueve meses, hecho que propició que los medicamentos y otros insumos de salud caducaran.
LA JORNADA