El Ayuntamiento de Durango reanudará este jueves sus sesiones ordinarias, en un clima de alta tensión social debido a los aumentos en el impuesto predial para 2026, que en algunos casos superan el 180%. La sesión se celebra después de que la anterior, programada para el 15 de enero, fuera suspendida sin aviso previo, un hecho que grupos ciudadanos calificaron como una “evasión” para evitar sus protestas.
Concentración ciudadana
Desde las 9:00 a.m., colectivos de colonos, comerciantes del Centro Histórico y representantes de familias se concentrarán frente al Palacio Municipal (Av. 20 de Noviembre esquina Victoria). Su objetivo es intervenir en los asuntos generales del Cabildo para exigir la revisión inmediata de los incrementos, el regreso al método de cálculo anterior y frenar lo que consideran alzas “desproporcionadas” y “abusivas”.
El estudio que revela el impacto real
Un análisis del Colegio de Valuadores del Estado de Durango, basado en pagos reales consultados en ventanilla, confirma que el impacto es mayor al reconocido oficialmente y escala con el valor de la propiedad:
· Viviendas de 800 mil pesos: aumento del 15%
· 870 mil pesos: 18%
· Cerca de 1 millón: 22-23%
· 1.38 millones: 34%
· 1.65 millones: 41%
· 2.65 millones: 58%
· Propiedades entre 3 y 4 millones: hasta 70%
Contexto de la suspensión anterior
La sesión del 15 de enero fue cancelada bajo el argumento oficial de la ausencia de varios regidores tras el periodo vacacional. Sin embargo, ese día decenas de ciudadanos ya se habían presentado con más de 10 mil firmas recabadas en plataformas digitales, sin ser recibidos por ninguna autoridad. “Fue una evasión, no quisieron enfrentar el reclamo”, afirmó Antonio Bracho, vocero del movimiento.
¿Qué piden los ciudadanos?
Los inconformes exigen un diálogo directo con el Cabildo y apoyan propuestas como la de algunos regidores de Movición Ciudadano, que plantean aplicar descuentos del 50% o volver al esquema de cálculo anterior.
Hoy se espera que, con los regidores presentes, la sesión sí se lleve a cabo. La atención estará puesta en si el Ayuntamiento cede a la presión social o mantiene sin cambios la polémica Ley de Ingresos que disparó el costo del predial.