En el Pleno del Congreso del Estado, el diputado Omar Bazán Flores presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Administrativa. La propuesta busca facultar a los juzgadores para dictar embargos provisionales con el objetivo de garantizar la reparación del daño cuando sea necesario.
La reforma plantea la posibilidad de aplicar medidas cautelares a acciones ilegales cometidas por funcionarios públicos, con el fin de preservar o restituir a una persona en el goce de sus derechos fundamentales, o evitar daños de difícil o imposible reparación. Estas medidas serían aplicables en situaciones donde se pongan en riesgo derechos como la vida, la salud, la integridad corporal, la propiedad y la seguridad jurídica.
El embargo precautorio, también conocido como embargo preventivo o provisional, es una medida cautelar que puede ser solicitada y ordenada por un tribunal o autoridad competente en un proceso legal. Su objetivo principal es asegurar el cumplimiento de una obligación o garantizar la efectividad de un derecho en litigio antes de que se dicte una sentencia definitiva. En el ámbito administrativo, esta medida puede ser esencial para proteger los intereses fiscales antes de que un crédito sea exigible.
Bazán Flores destacó que uno de los problemas recurrentes es la tardanza o incumplimientos por parte de la autoridad al ser encontrada responsable de causar un perjuicio, lo cual puede constituir un abuso. Con el embargo provisional, se busca evitar la incertidumbre jurídica y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de manera objetiva y proporcional al daño causado.
En su solicitud, el promovente deberá especificar el daño o perjuicio concreto que se pretende garantizar, así como la autoridad contra la cual se pide el embargo y los antecedentes que sustentan la probable responsabilidad de dicha persona en la reparación del daño.
Esta reforma, según Bazán Flores, fortalecería el marco legal para proteger los derechos de los ciudadanos frente a acciones indebidas de funcionarios públicos y garantizaría una respuesta más efectiva y rápida por parte de las autoridades responsables.