El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dado un nuevo paso en su agenda contra la inmigración ilegal al respaldar un proyecto de ley que impone la pena de muerte de manera obligatoria para los indocumentados declarados culpables de delitos capitales. La medida, promovida por legisladores republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes del estado, ha generado un intenso debate y ha sido calificada de inconstitucional por expertos en derecho.
Bajo las iniciativas legislativas HB 3C y SB 4-C, los tribunales de Florida estarían obligados a dictar la pena máxima a inmigrantes sin estatus legal que sean condenados por crímenes como asesinato en primer grado, violación de menores o tráfico de drogas a gran escala. Además, la propuesta extiende la pena capital a aquellos que pertenezcan a organizaciones criminales. Este planteamiento limitaría la discreción de jueces y jurados, eliminando la posibilidad de considerar circunstancias atenuantes o agravantes en cada caso.
En un memorando dirigido a los legisladores, el presidente del Senado de Florida, Ben Albritton, y el presidente de la Cámara de Representantes, Danny Pérez, justificaron la propuesta como una estrategia para combatir la inmigración ilegal. “Si un inmigrante ilegal es condenado por un delito capital, la pena de muerte es obligatoria”, afirmaron.
Sin embargo, esta postura ha sido ampliamente criticada. Maria DeLiberato, directora ejecutiva de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP), advirtió que la iniciativa atenta contra la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a un juicio con jurado. “Este proyecto de ley elimina la evaluación individualizada de cada caso y revierte medio siglo de precedentes legales del Tribunal Supremo”, señaló en una carta dirigida al Comité de Asignaciones del Senado estatal.
Organizaciones de derechos humanos y abogados constitucionalistas han denunciado que la propuesta instrumentaliza la inmigración como excusa para ampliar el uso de la pena capital en Florida. “Más allá de la retórica política, esta legislación no aborda las causas de la migración ni mejora el sistema de justicia penal. Solo refuerza una narrativa peligrosa que criminaliza aún más a los inmigrantes”, sostuvo un comunicado de FADP.
Mientras la propuesta avanza en el proceso legislativo, su futuro legal es incierto. De ser aprobada, se anticipa una batalla judicial que podría escalar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se determinará si la medida viola principios constitucionales fundamentales.