Rubén de Jesús “N”, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), obtuvo su libertad condicional tras ser sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de abuso sexual agravado contra una menor. A pesar de la condena, un juez le otorgó la suspensión condicional de la pena, lo que le permitió abandonar el centro de detención luego de una maratónica audiencia de más de 20 horas.
El caso ha generado un fuerte repudio social y encendió las alarmas dentro y fuera de la comunidad universitaria. Diversos colectivos feministas y estudiantes se movilizaron este viernes frente a la Rectoría de la UAZ para exigir la destitución inmediata del rector, al considerar inadmisible que un sentenciado por violencia sexual continúe al frente de la institución educativa.
“El Consejo Universitario debe actuar con responsabilidad y ética. No puede haber un agresor sexual en una posición de poder académico”, reclamaron integrantes del Movimiento Feminista de Zacatecas durante la protesta, que incluyó pancartas, consignas y la toma simbólica de instalaciones universitarias.
Rubén de Jesús “N” fue vinculado a proceso penal tras una denuncia por abuso sexual agravado en perjuicio de una menor. Aunque el procedimiento concluyó con una sentencia firme mediante un juicio abreviado, la decisión judicial de otorgarle la libertad condicional ha sido duramente cuestionada por la sociedad civil y defensores de derechos humanos.
Hasta el momento, el Consejo Universitario de la UAZ no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la permanencia del rector en el cargo, lo que ha incrementado la tensión entre los sectores universitarios y los colectivos sociales que exigen justicia y garantías de no repetición.
Organizaciones feministas han advertido que continuarán con movilizaciones en Zacatecas y en otras entidades del país hasta lograr la remoción del rector y el establecimiento de protocolos más estrictos contra la violencia de género en espacios académicos.
Este caso se suma a una creciente preocupación nacional por la impunidad en delitos sexuales y la falta de mecanismos efectivos para proteger a víctimas, especialmente cuando los agresores ocupan cargos de alto nivel.