La Refinería Olmeca de Dos Bocas se encuentra en el centro de una nueva controversia, luego de que padres de familia solicitaran la reubicación de dos escuelas que colindan directamente con las instalaciones industriales. Se trata del jardín de niños “Agustín Melgar” y la primaria “Abías Domínguez Alejandro”, donde estudian cerca de 400 menores, expuestos —según denuncias— a humo, ruido excesivo y posibles emisiones tóxicas.
Las escuelas están separadas de la refinería únicamente por una barda perimetral de aproximadamente cinco metros, lo que ha generado preocupación constante entre padres y docentes, quienes aseguran que las condiciones impiden el desarrollo normal de las clases y representan un riesgo para la salud de los alumnos.
De acuerdo con los testimonios, en la zona es constante la presencia de humo negro, olores fuertes a gas y compuestos químicos, así como ruido industrial permanente, que se intensifica en ciertos horarios y durante los días de lluvia. Los padres afirman que los niños han presentado dolores de cabeza, mareos, náuseas, sangrado de nariz, problemas respiratorios e incluso desmayos, además de evacuaciones recurrentes de los planteles.
Pese a estas denuncias, el gobierno del estado descartó la reubicación. El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, minimizó la petición y afirmó que no es viable trasladar únicamente las escuelas.
“No es un tema tan fácil”, declaró el funcionario, al señalar que aunque se muevan los planteles, “la gente va a seguir viviendo ahí”.
López Obrador planteó que aceptar la petición implicaría replantear toda la zona habitacional, por lo que insistió en que el planteamiento de los padres debe revisarse.
“Si se mueven las escuelas, tendríamos que mover a toda la población, y eso no se puede”, sostuvo.
Con ello, dejó en claro que no habrá traslado de los planteles, al menos de manera definitiva. Como alternativas, el gobierno ha mencionado la posibilidad de reubicar temporalmente a alumnos y maestros en otros centros educativos cercanos o integrar comisiones interinstitucionales, con participación de Pemex, para analizar la situación.
La respuesta oficial ha sido calificada por padres de familia como insensible y minimizadora, ya que —afirman— las escuelas y viviendas existían mucho antes de la construcción de la refinería. Además, recuerdan que la normatividad mexicana establece distancias mínimas entre instalaciones de alto riesgo y centros escolares, lineamientos que presuntamente fueron ignorados.
Ante la falta de soluciones concretas, los inconformes han dirigido llamados a autoridades estatales y federales, advirtiendo que la salud y seguridad de niñas y niños no puede quedar supeditada a la operación de un proyecto industrial.