La reforma al Poder Judicial, una de las propuestas más controvertidas del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio un paso crucial este lunes, tras ser aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Con 22 votos a favor de Morena y sus aliados (PT y PVEM), y 17 en contra de la oposición, la iniciativa avanza hacia su discusión en el pleno durante la próxima legislatura, donde Morena contará con una mayoría calificada.
Elección de jueces: Un cambio sin precedentes
Uno de los aspectos más polémicos de la reforma es la propuesta de elegir a jueces y magistrados mediante voto popular, un mecanismo que podría modificar drásticamente la estructura del Poder Judicial mexicano. Esta iniciativa también busca reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de 11 a 9, y limitar su mandato de 15 a 12 años, con elecciones extraordinarias programadas para 2025.
La incorporación de “jueces sin rostro”, una figura que se aprobó en la discusión en lo particular, plantea un nuevo debate sobre la protección y anonimato de estos funcionarios en casos sensibles. Este cambio, sumado a la eliminación de la pensión vitalicia para ministros de la Corte y el ajuste a sus salarios, busca replantear profundamente la estructura y autonomía del Poder Judicial.
Oposición alerta riesgos para la independencia judicial
La reforma no ha estado exenta de críticas. La oposición, integrada por PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, ha expresado serias preocupaciones sobre la posibilidad de que estas modificaciones pongan en riesgo la independencia judicial. Para el diputado del PAN Héctor Téllez, la reforma representa una “cooptación” del Poder Judicial y una violación a la división de poderes. “Estamos ante una transgresión que amenaza el equilibrio democrático”, señaló.
Rubén Moreira, coordinador del PRI, calificó la reforma como “inoperante” y un riesgo para el Estado mexicano, argumentando que los cambios propuestos no garantizan un mejor funcionamiento del sistema judicial ni fortalecen los derechos humanos. Para los opositores, la iniciativa permite la “intromisión de poderes fácticos” en la justicia.
Preocupaciones internacionales y financieras
El impacto de la reforma no se ha limitado a la esfera política interna. Organismos internacionales, como la ONU, han advertido sobre los riesgos para la independencia judicial. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, mostró su preocupación por las “amplias implicaciones” de la reforma, señalando que podría debilitar la justicia en el país.
Además, las repercusiones económicas no se han hecho esperar. Estados Unidos y Canadá han expresado inquietud sobre cómo estos cambios afectarían a los inversionistas. Grandes calificadoras y entidades bancarias como Fitch y Citibanamex han advertido sobre el impacto negativo de la reforma en la estabilidad económica y jurídica de México.
Una reforma que define el futuro del país
Mientras la reforma se encamina a su discusión en el pleno, el país se encuentra dividido entre quienes ven en esta iniciativa una oportunidad para democratizar el Poder Judicial, y quienes la consideran una amenaza para su autonomía. Con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, Morena está en una posición clave para impulsar esta transformación histórica. El debate no solo afecta al ámbito político, sino que promete reconfigurar las bases de la justicia y las garantías constitucionales en México.