Ante el descontento generalizado por los aumentos en el impuesto predial, que en algunos casos alcanzan el 180%, regidores del municipio de Durango han reconocido fallas en el nuevo esquema de cobro y proponen modificaciones a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de proteger la economía de los contribuyentes.
El conflicto surge de la reforma aprobada a finales de 2025 por el Congreso del Estado, la cual sustituyó el anterior método de cálculo —basado en un valor proporcional y una tasa fija— por un sistema de tablas progresivas. Este nuevo modelo clasifica las propiedades según su valor catastral y aplica una cuota fija más un porcentaje adicional, resultando en incrementos sustanciales incluso para viviendas que no han sido remodeladas o mejoradas.
Reconocimiento de errores y llamado a corregir
El coordinador de regidores de Movimiento Ciudadano, Francisco Franco Soler, declaró de manera contundente: “No podemos defender lo indefendible”, al admitir que el nuevo modelo “no fue bien recibido” por la ciudadanía. La postura de los ediles busca evitar que el gravamen se convierta en una carga “impagable” para los duranguenses, especialmente para los sectores medios.
Presión social y debate jurídico
El aumento drástico ha generado una fuerte presión social y alertas de especialistas, quienes señalan que los incrementos podrían ser inconstitucionales al vulnerar principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Ciudadanos han manifestado que el ajuste afecta de manera desproporcionada su economía, sin que exista una contraprestación de servicios municipales equivalente.
Próximos pasos
La propuesta de los regidores implica llevar una iniciativa de corrección ante el Congreso del Estado para revisar y ajustar las tablas progresivas establecidas en la Ley de Ingresos 2026. Este movimiento busca equilibrar las necesidades de recaudación del municipio con la capacidad económica de los contribuyentes, en un intento por restaurar la confianza ciudadana y evitar posibles recursos legales masivos, como amparos, en contra del nuevo esquema tributario.