Apenas una semana después de la entrada en vigor del registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil en México, comenzaron a detectarse chips ya registrados y validados ofertados abiertamente en redes sociales como Facebook, lo que ha encendido alertas entre especialistas en telecomunicaciones y seguridad digital.
La medida, vigente desde el 9 de enero de 2026, fue impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) con el objetivo de reducir delitos como la extorsión y el fraude telefónico. No obstante, expertos advierten que el nuevo esquema podría estar produciendo el efecto contrario: la creación de un mercado informal de líneas “listas para usarse”, sin necesidad de que el comprador entregue datos personales o biométricos.
Chips registrados, datos desconocidos
En los anuncios detectados en plataformas digitales, los vendedores ofrecen tarjetas SIM ya activadas y vinculadas al padrón oficial. El origen de los datos con los que fueron registradas las líneas es desconocido, pero el atractivo para los compradores es claro: evitar los trámites y requisitos del registro obligatorio.
Para Sergio Legorreta, abogado especializado en telecomunicaciones y socio de FisherBroyles, este escenario era previsible. “No tengo la menor duda de que se va a crear un mercado secundario, es decir, un mercado ilegal de líneas telefónicas ya activadas, listas para usarse, y que se van a vender en grandes cantidades”, advirtió en declaraciones citadas por El Financiero.
El especialista explicó que este fenómeno no necesariamente estará impulsado solo por actividades criminales. Muchas personas, señaló, podrían recurrir a estos chips por necesidad, como quienes no cuentan con identificación oficial vigente o tienen documentación incompleta.
Vacíos legales y pérdida de trazabilidad
Uno de los principales riesgos del nuevo padrón, de acuerdo con especialistas, es la existencia de vacíos legales que permiten a cualquier ciudadano cambiar su situación fiscal a persona física con actividad empresarial y contratar un número prácticamente ilimitado de líneas móviles, sin una verificación adicional robusta.
“El sistema permite que una persona registre decenas de miles de líneas y se dedique a la reventa de chips”, explicó Legorreta. Esto, añadió, implica una pérdida total de trazabilidad, justo lo contrario de lo que busca el registro obligatorio.
El riesgo no es menor. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que la extorsión cerró 2025 en su nivel más alto, con un incremento del 23.1 por ciento respecto a 2019. Para los expertos, un mercado paralelo de SIMs activadas podría alimentar directamente este delito.
Presión operativa y plazos ajustados
Desde el 9 de enero, todas las nuevas líneas deben registrarse en un plazo máximo de 30 días o serán suspendidas. El trámite exige identificación oficial y CURP para personas físicas, y RFC para personas morales. Las líneas activas antes de la entrada en vigor deberán quedar registradas a más tardar el 30 de junio de 2026.
Operadores y analistas han advertido que el reto operativo es mayúsculo: en México existen más de 158 millones de líneas móviles, lo que implicaría registrar cerca de 924 mil números diarios para cumplir el calendario.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la medida al considerarla clave en la lucha contra la extorsión, y ha señalado que la protección de los datos personales recae en las empresas telefónicas, no en el gobierno, el cual —afirmó— no administra una base de datos centralizada.
No obstante, especialistas coinciden en que, si no se corrigen pronto los vacíos legales y no se habilitan mecanismos alternativos de validación, el mercado negro de chips podría crecer rápidamente y anular el objetivo central del padrón: devolverle seguridad y control a la telefonía móvil en México.