La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) analiza la prohibición del uso de motocicletas como medio de transporte de pasajeros en todo el país, al considerar que los llamados “raids” y traslados en motos particulares operan fuera del marco legal y representan un alto riesgo para la seguridad vial.
De acuerdo con el planteamiento de la dependencia federal, estos servicios —ofrecidos tanto por particulares como a través de plataformas digitales— no forman parte del transporte concesionado, carecen de regulación adecuada y no cumplen con los estándares mínimos de seguridad exigidos para el traslado de personas.
El debate se intensificó luego de que, en la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad (Semovi) iniciara desde julio de 2025 acciones jurídico-administrativas contra aplicaciones como Uber Moto y DiDi Moto, declarando ilegal este tipo de servicio por no contar con permisos y por violar el Reglamento de la Ley de Movilidad, el cual prohíbe expresamente el transporte público de pasajeros en motocicleta.
Posturas similares han sido adoptadas en entidades como Morelos, Jalisco y otros estados, donde autoridades de movilidad han confirmado restricciones o prohibiciones a estas plataformas, argumentando que no están homologadas con la legislación federal y que su operación incrementa los riesgos para conductores y usuarios.
Ante este escenario, la SCT busca establecer una postura federal unificada, que podría derivar en reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal o en la emisión de reglamentos complementarios, con el objetivo de evitar regulaciones fragmentadas entre entidades y frenar la expansión de estos servicios.
Entre los principales argumentos de la dependencia se encuentran la alta incidencia de accidentes en motocicleta, debido a la ausencia de estructuras de protección; la ilegalidad operativa al no ser parte del sistema de transporte autorizado; y la competencia desleal frente a taxis y transporte público debidamente concesionado.
La propuesta ha generado debate entre usuarios y repartidores, quienes argumentan que estos servicios ofrecen traslados más rápidos y económicos, mientras que autoridades insisten en que la seguridad y la legalidad deben prevalecer en la prestación del transporte de pasajeros.