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    Se han confirmado 10 casos de explotación infantil; situación se agrava ante la pandemia

    Las condiciones económicas de las familias en estos momentos se agravaron, al grado que los niños tengan que salir a trabajar. En el estado de Durango se han detectado 10 casos ya que pueden ser considerados como de explotación infantil, estos menores provienen de otros estado las república, como Chiapas.

    En la ciudad de Durango y las de mayor densidad poblacional, como Lerdo o Gómez Palacio son las que con más frecuencia se encuentran este tipo de fenómenos. Hasta el momento, luego de ocho meses desde que comenzó el confinamiento por el tema de la pandemia por covid-19, se ha agudizado.

    Aunque para las autoridades municipales, los niveles, al menos en la capital del Estado no son alarmantes, aunque advierten que en el casos de los niños que se encuentran en los albergues destinados para la población indígena en su paso por Durango, salen a pedir limosna.

    Esto a pesar de la advertencia que se hace a los padres, que habrá repercusiones legales.

    Pero el caso más preocupante es el que tiene que ver con los niños que son traídos desde otros estados, como Chiapas, donde ni siquiera son acompañados con sus padres.

    Israel Soto Peña, secretario del Trabajo y Previsión Social dijo que se realizan operativos conjuntos con Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría de la defensa el menor. Y reconoce que hay un problema con los niños que trabajan calle, en los cruceros, también en el rubro de obra. Otros menores son traídos desde estados del sur del país.

    “Hemos encontrado algunos menores en áreas de construcción de obra que hemos retirado. La familia al estar en una situación de desempleo de un miembro y se reciben menos ingresos, una de las opciones es que el menor trabaje por un tiempo en alguna actividad que le remunere. Por eso vemos muchos menores en la calle”.

    Para el funcionario estatal, es complicado el saber la cantidad de niños que se encuentran en estas condiciones, dado que las estadísticas que se generan por el INEGI a raíz de los recortes que sufrió el instituto, agravaron la situación, y es por eso que no se cuenta con una cantidad fija o estadística sobre lo que sucede con el trabajo infantil. Pero sí se reconoce el problema, e incluso reconoció que no se cuenta con toda la capacidad presupuestal para atender el problema. Y es que cada caso es particular.

    “Otro fenómeno que se ha visto, es que menores de otros estados. Los trasladan, a Durango capital, y ni siquiera vienen acompañados por uno de sus parientes, con amigos de la familia. Se los ‘prestan’ para que vengan a pedir dinero, y eso es explotación laboral. Eso casos los ha detectado el DIF. Cuestiones de esta naturaleza son muy complejos. La última encuesta que tenemos en materia de trabajo infantil, es de 2017, ya van tres años.

    Es una encuesta que se realiza cada dos año. En el 2019 no tenemos la cifra de la encuesta y no sabemos qué es lo que está pasando. Pero la lógica y la razón nos dice que en este momento de la pandemia, que los grupos vulnerables, las personas en la informalidad, buscan llevar el sustento diario”.

    Necesaria mayor vigilancia Jorge Clemente Mojica Vargas, presidente del Consejo Estatal Ciudadano, comentó que se percibe un incremento de menores, que los padres han dejado de manera irresponsable en las calles. Pidió a los Desarrollos Integrales de la Familia tomen cartas en el asunto.

    “Hay más niños en las calles haciendo algunas actividades, donde los padres de familia en forma irresponsable, quizá en algunos casos se les obliga a hacer esta actividad, y considero que se deben de tomar cartas en el asunto, principalmente por los DIF, para que, a esos niños darles un seguimiento junto con sus familia y evitar que anden en la calle por son un riesgo para sus familias”.

    Insisten los padres de niños indígenas Sandra Corral, directora del DIF municipal, dijo que desde comenzó la pandemia del covid-19, al inicio hubo un repunte, pero al comenzar los operativos en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Juzgado Cívico y la Dirección de Seguridad Pública, en estos momentos el problema son los niños indígenas que están en los albergues, porque a pesar de las advertencias.

    “Estamos haciendo operativos conjuntos para conminar a los padres a inhibir la salida de los niños en esta situación, y en esta circunstancia de trabajo en calle. Ahora en este momento, lo tenemos con los niños indígenas, sobre todos en los dos albergues. El que está en Alberto Terrones, y el que está en el fraccionamiento Silvestre Revueltas. Son quienes más sacan a sus niños, a pesar del retiro y de la advertencia que ya de la procuraduría de niñas, niños y adolescentes ha hecho a los padres del riesgo y del probable delito que puedan caer, en la omisión de cuidado. Con ellos es con quién más nos ha costado trabajo. El resto de los padres que permitían pedir dinero a sus niños sí ha disminuido un poco”.

    Expuso que la pandemia no se resolverá de inmediato y además que habrá un repunte ahora en diciembre, por la Navidad, un incremento de niños en calle. 

    “Estamos trabajando para que esto no suceda, y seguimos ofreciendo a las persona que sacan a trabajar a sus niños a que se integren al programa, y no les resuelve la vida, pero la beca para estos niños que trabaja en calle es mensual y el apoyo alimentario también es mensual. Se los ofrecemos cada vez que los restiramos para que dejen de salir a exponerse y se integren a un programa que les permita seguir con sus estudios”.

    No pueden trabajar menores de 14 años Por su parte, Julieta Hernández, presidenta de Sí hay mujeres, dijo que hay menos oportunidades de trabajo y es más sencillo que los niños consigan el dinero. La Ley Federal del Trabajo contempla que los niños trabajen a los 14 años con el consentimiento de los padres, es por eso que se debe de revisar el tema.

    “Estamos haciendo operativos conjuntos para conminar a los padres a inhibir la salida de los niños en esta situación, y en esta circunstancia de trabajo en calle.

    Ahora en este momento, lo tenemos con los niños indígenas, sobre todos en los dos albergues. El que está en Alberto Terrones, y el que está en el fraccionamiento Silvestre Revueltas. Son quienes más sacan a sus niños, a pesar del retiro y de la advertencia que ya de la procuraduría de niñas, niños y adolescentes ha hecho a los padres del riesgo y del probable delito que puedan caer, en la omisión de cuidado.

    Con ellos es con quién más nos ha costado trabajo. El resto de los padres que permitían pedir dinero a sus niños sí ha disminuido un poco”.

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