En una sesión que se prolongó hasta las primeras horas de la mañana, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial con una mayoría calificada de 86 votos a favor y 41 en contra. La votación, realizada de manera individual debido a la falta de un tablero electrónico, contó con la participación de 127 senadores, aunque destacaron la ausencia del emecista Daniel Barreda y el sorpresivo voto a favor de Miguel Ángel Yunes Márquez.
La reforma, impulsada por Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), incluye cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Entre los puntos más relevantes se encuentra la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pasaría de 11 a 9, y la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular. Asimismo, se propone la desaparición del Consejo de la Judicatura, que sería reemplazado por un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.
El debate, que comenzó la tarde del martes, estuvo marcado por momentos de alta tensión, incluyendo enfrentamientos verbales y físicos entre senadores de diversos partidos. La bancada del PAN, con apoyo del PRI y Movimiento Ciudadano, se opuso vehementemente a la reforma. Durante la discusión, senadoras del PAN, como Gina Campuzano, protagonizaron altercados con legisladoras de Morena, como Edith López, quienes defendían los cambios propuestos.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, tuvo un rol central en la sesión, imponiendo su autoridad para limitar el debate, invocando el artículo 99 del reglamento del Senado. A pesar de las protestas de la oposición, Fernández Noroña reiteró la inevitabilidad de la reforma, manifestando que “¡la reforma va!”, y sometió la propuesta a una votación económica.
Entre los cambios que contempla la reforma también se destaca la eliminación de las dos salas en las que actualmente está dividida la SCJN, concentrando todas las decisiones en sesiones plenarias públicas. Para la aprobación de sentencias, será necesario contar con seis votos. Además, se especifica que los salarios de los jueces y ministros no podrán exceder el salario del presidente de la República, y se elimina la posibilidad de que los ministros accedan a una pensión vitalicia tras concluir su mandato.
La aprobación de esta reforma marca un giro significativo en el diseño del Poder Judicial en México, generando reacciones divididas entre quienes ven en ella un avance hacia una mayor transparencia y control ciudadano, y quienes advierten de los riesgos que supone para la independencia del poder judicial.
La discusión en lo general terminó en un ambiente de alta tensión, pero las reformas han sido aprobadas en lo particular sin cambios mayores. La oposición ha anunciado que seguirá luchando contra lo que consideran un intento por debilitar el sistema de contrapesos del país.